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Por unanimidad, los procuradores y fiscales de todo el país (de gobiernos de todos los partidos) dejaron claro ayer que la novedosa, inatacable pero inaplicable resolución del tribunal colegiado de Tamaulipas relacionada con el caso de los 43 transgrede las atribuciones del MP, la autonomía de la CNDH, la separación de poderes, los efectos del juicio de amparo y la supremacía constitucional.

Y es que la sola instrucción de que se conforme una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia contraviene inclusive la misma sentencia, dado que invoca postulados del Protocolo de Minnesota que no admitiría que los representantes de los padres, la CNDH y la CIDH (en versión del GIEI) intervengan, porque únicamente acepta la participación de quienes no hayan sido parte o estén vinculados con las víctimas o con la investigación.

Tremenda manifestación de las cabezas estatales y federal del MP, porque un poder le dice a otro que no acatará la resolución.

Las razones de fondo son tan simples como que los servidores públicos nada más pueden hacer lo que la ley les faculta y lo que no, pues no.