La Segob estará encargada de prestar asistencia técnica y evaluación de las estrategias, programas y campañas de comunicación social
Luego de casi seis horas de discusión, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social, el cual regula la propaganda gubernamental y garantiza que el gasto destinado a esta materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Con ello, los senadores acató el cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el Congreso de la Unión expida una legislación que norme el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, relativo a la publicidad oficial, bajo cualquier modalidad de comunicación social, antes del 30 de abril.
En votación en lo general, así como los artículos no reservados, el proyecto de dictamen fue aprobado con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención. El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, dio cuentas que las comisiones dictaminadoras enviaron un informe que contiene el proyecto de dictamen, la lista de asistencia y votaciones de las reuniones realizadas, así como los votos particulares y propuestas de modificación presentados por los senadores.
El Pleno autorizó que dicho dictamen se presentará ante la Asamblea para su conocimiento, discusión y votación, en términos reglamentarios, incorporándola al orden del día y omitiendo su primera y segunda de lectura.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Gobernación, Raúl Aarón Pozos Lanz, señaló en tribuna, que el dictamen cuenta con los elementos suficientes para regular la difusión de propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social.
“Creemos que la ley responde cabalmente a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a una información completa, oportuna y veraz; prevé el manejo transparente de los recursos públicos; establece reglas para fiscalizar el gasto de comunicación social en todos los Poderes de los tres órdenes de gobierno y de los entes públicos”, aseveró.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Froilán Esquinca Cano, subrayó que las asociaciones civiles mostraron los mecanismos jurídicos, como instrumentos de lucha, ante los actos de gobierno que consideren vulneren sus derechos.
Hizo un llamado para que se cumpla con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tiempo y forma, sin dejar de lado que el fondo de la Ley debe de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.
El dictamen que conoció la Asamblea indica que el ordenamiento será aplicable a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.
Define a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la dependencia o unidad administrativa equivalente en el ámbito de las entidades federativas y los municipios, como encargadas de regular el gasto en materia de comunicación social.
La Segob estará encargada de prestar asistencia técnica y evaluación de las estrategias, programas y campañas de comunicación social para efectos de la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
La Ley General de Comunicación Social establece la obligación de los entes públicos que cuenten con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para gasto en comunicación social, de elaborar un Programa Anual en este tema, concordante con los recursos asignados en el ejercicio fiscal que corresponda.
Y dispone que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de propaganda deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, el cual estará a cargo de la Segob.
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