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Con 129 involucrados en la cárcel y seis o siete pendientes de aprehensión, sigue la resistencia de los padres de Los 43 y sus abogados a reconocer lo que nadie ha rebatido: los jóvenes fueron levantados por policías de Iguala para entregarlos a la narcobanda que los mató y quemó sus restos hasta carbonizarlos.

No sorprende, por lo mismo, que rechacen coléricos la importancia de la reciente captura pese a saber (por las declaraciones de los cómplices) que La Rana golpeó con un bat a los estudiantes y que asesinó a varios disparándoles a la cabeza.

El activismo prosigue hoy con la presentación de un dictamen psicosocial y un informe de la ONU que no arrojarán un solo dato que niegue la sustancia de lo sucedido.

La causa de los padres y sus representantes continúa centrada no en que se procure y se imparta justicia, sino en la necedad de imponer como verdad antihistórica supercherías tales como rechazar los escenarios del basurero de Cocula y el río San Juan, y en que se fabrique un cuento que implique al Ejército y justifique la patraña de que se trató de un “crimen de Estado”.

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