“Gana Corral partida”, cabeceó el diario Reforma a propósito del acuerdo al que llegaron el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el nuevo, muy activo, secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete. Con el acuerdo, Corral efectivamente obtiene lo que buscaba, los 900 millones que no le dio Hacienda y la aceleración del trámite para extraditar de … Continued
“Gana Corral partida”, cabeceó el diario Reforma a propósito del acuerdo al que llegaron el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el nuevo, muy activo, secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete.
Con el acuerdo, Corral efectivamente obtiene lo que buscaba, los 900 millones que no le dio Hacienda y la aceleración del trámite para extraditar de Estados Unidos al ex gobernador de Chihuahua César Duarte.
A cambio, Corral se comprometió a cesar la caravana con la que venía protestando y a trasladar un preso clave, Alejandro Gutiérrez, acusado de triangular dinero para el PRI mediante empresas fantasma, a un penal federal donde el gobierno central lo tendrá bajo su manto.
Se diría una victoria por todo lo alto, salvo porque Corral quizá tenía algo más valioso, políticamente hablando, que lo que consiguió con el acuerdo: un posible caso de desvío ilícito de recursos al PRI, provenientes de la Secretaría de Hacienda, entregados a través del anterior gobierno de Chihuahua: un delito cuya pena puede ser hasta la cancelación del registro del partido.
Me apresuro a decir que en esto de canalizar ilegalmente recursos a las campañas, no hay partido que no debiera ya haber perdido su registro, pues este delito es el elefante en la sala de todas y cada una de las elecciones mexicanas, federales y locales.
El problema es que nadie ha podido probar, desde el Pemexgate del PRI y Los Amigos de Fox, hace dos décadas, unos desvíos del tamaño detectado por el gobierno de Corral, a través del ahora preso Alejandro Gutiérrez, quien habría fungido como intermediario del PRI no solo con el gobierno de Chihuahua, sino también con otros.
Si entiendo bien, el acuerdo de la entrega del preso a la custodia federal sustrae de la jurisdicción del gobierno de Chihuahua un eslabón clave de la acusación, al tiempo que suspende la protesta pública en que la acusación estaba enmarcada.
El triunfo de Corral no parece entonces tan rotundo como suena. Quizá la cabeza de MILENIO refiriendo el acuerdo es más equilibrada y sugerente: “Federación deposita y Corral entrega preso”. Vale decir, te doy el dinero y me das tu testigo de cargo.
La pregunta, desde luego, es cuánto durará este trato antes de que aparezcan graves diferencias de interpretación de lo pactado.
Minuto a minuto
