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Como ha publicado Carlos Puig en las páginas de MILENIO, el camino de salida para Rafael Márquez luego de haber sido designado como socio de un narcotraficante por la OFAC (Office of Foreign Assets Control) puede ser un infierno desde el punto de vista económico y legal. Puede también haber puesto fin a los últimos años de su carrera como futbolista.

De acuerdo con Douglas McNabb, abogado especializado en combatir sanciones de la OFAC entrevistado por Cancha, Márquez podría tardar más de un año en limpiar su nombre. “En términos simples es una pena de muerte económica, prácticamente de por vida” (http://bit.ly/2vx5kjH).

“No hay un archivo formal que se pueda consultar”, dice McNabb, “el gobierno no está obligado a advertir a la persona designada, brindar un informe de las razones por las que se le incluyó, o formular cargos criminales”.

Tampoco existe un proceso de entrevista o interrogatorio con el “fichado” y todo el caso se ventila por medio de oficios y exclusivamente en Washington, DC. El representante legal del “designado” tarda hasta dos meses en ser aprobado por la OFAC.

El “designado” no puede pagar a los abogados de su bolsillo, pues todo su dinero está bajo sospecha. Tampoco puede contrademandar por perjuicios, pues no es ciudadano americano. Y no hay plazos para que la OFAC responda o se ponga en movimiento.

El “designado” debe en cambio responder diversos cuestionarios porque lo que la OFAC quiere obtener de él es información para ampliar sus investigaciones.

El partido que Rafael Márquez va a jugar con la OFAC, según McNabb y Cancha, es el más cargado en contra que haya protagonizado: “No puede entrar a EU. Necesita un tercero ‘limpio’ que financie los costos legales. Ningún banco puede hacer un movimiento a su nombre. Toda la defensa es por escrito. Las respuestas de la OFAC a los oficios demoran hasta uno o dos meses. No hay un expediente en concreto del señalado; sólo de la investigación y no se tiene acceso a él. Ningún juzgado intercedería por él, pues no es estadounidense”.

Ninguna autoridad mexicana parece haber intercedido tampoco por Márquez en su obsequiosa colaboración con los excesos discrecionales de una oficina cuyos procedimientos atentatorios del debido proceso no pasarían hoy la prueba ni en el más obsequioso de los tribunales mexicanos.

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