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Nacional Sheinbaum: Incendio en refinería Dos Bocas no dejó daños graves ni heridos
La presidenta Sheinbaum dio detalles sobre el incendio registrado en una bodega de almacenamiento de coque en la refinería Dos Bocas, Tabasco
Economía y Finanzas Quintana Roo se consolida como líder nacional en crecimiento industrial, con aumento de 19.8% en diciembre de 2025
Un informe del Inegi detalló que Quintana Roo se posicionó como la entidad con mayor crecimiento en la actividad industrial
Nacional Sheinbaum confirma que hay ficha roja de Interpol contra el exgobernador Silvano Aureoles
Autoridades de Michoacan detallaron que el exgobernador Silvano Aureoles cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes
Internacional Posponen audiencia de sentencia contra Ismael ‘Mayo’ Zambada en EE.UU.
Fue aplazada en EE.UU. la audiencia de sentencia en contra del narcotraficante mexicano Ismael 'Mayo' Zambada
Economía y Finanzas Turismo internacional creció 8.5% en febrero
El principal repunte sucedió en los turistas fronterizos, que en febrero de 2026 crecieron 13.4 por ciento interanual

Sin acuerdo ni fecha, el vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez, confía que en un periodo extraordinario de sesiones hacia junio se dictaminará la Ley de Seguridad Interior.

El tan debatido tema dio pie a la vacilada de que se “militarizaría” México.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, pareció celebrar su postergación (“Lo mejor que puede pasarle al país es que haya una amplia discusión… Pediría que se aplazara…”), pero sugirió (para acuartelar a las tropas involucradas en la lucha contra la narcodelincuencia) “un plan de retorno verificable, gradual pero verificable, y desde luego siempre en el respeto a los derechos humanos…”.

Sin embargo, por ejemplo en Jalisco, Hidalgo, Puebla o Veracruz hay poblaciones completas (incluidos alcaldes, otras autoridades y empresarios gasolineros) que viven del saqueo de ductos y representan un problema de seguridad interior que ni con puros soldados podría resolverse.

La ley regateada por el Congreso no es para “proteger” a militares, sino por elemental salud pública para frenar la socialización del crimen.