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Especialistas advirtieron que los casos de Parkinson en México podrían aumentar hasta un 171 % para 2050, muy por encima del promedio global

En la introducción del libro Vicios públicos, virtudes privadas, Claudio Lomnitz advierte contra las generalizaciones históricas sobre la corrupción.

Ha existido siempre, pero de poco sirve decir que no ha cambiado desde la Colonia.

México enfrenta una corrupción mayor, pero distinta en su origen y en sus consecuencias de la que padeció, digamos, en la última fase del presidencialismo priista: 1982-2000.

La corrupción de antes tenía la forma de una pirámide. La de ahora tiene la forma de una metástasis. O de un embotellamiento.

Durante el fin de la hegemonía del PRI, la corrupción bajaba de la cúspide y escurría por laderas y terrazas hasta la base. La corrupción de ahora baja de los conductos paralelos de la dispersión democrática, a partir del generoso reparto de dinero federal que se hace desde el centro a los gobiernos estatales y municipales.

El nuevo mecanismo lo puso en marcha el presidente Fox en el año 2000, para obtener la colaboración política de la oposición, que no solo era mayoría en el Congreso federal, sino que gobernaba también la capital del país y casi todos los estados.

Entre 2000 y 2015, gracias a los altos precios del petróleo, el presupuesto federal creció 105 por ciento en términos reales: de 2.27 billones de pesos a 4.67 billones (un billón = un millón de millones). En esos mismos años, las transferencias a los estados crecieron de 682 mil millones a 1 billón 390 mil millones de pesos (Luis Carlos Ugalde: “La democracia multiplicó la corrupción, Nexos, num. 446, febrero 2015).

Con todo ese dinero, los presidentes de la democracia aceitaron al Congreso, el Congreso aceitó a los gobernadores y a los municipios, los gobernadores aceitaron a sus congresos locales, que les aprobaron todos sus gastos. 

Hubo dinero de sobra para hacer política. En particular, para aceitar a los candidatos de cada partido  con el dinero ilegal necesario para ganar, pues los topes de gastos electorales de la legislación vigente son una fantasía.

Resultados: piñata federal, parranda de gobiernos locales, subasta de la competencia democrática. Abundaré en esto la siguiente semana.