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El texto de la calificadora de riesgos prende focos de alerta, en todos lados, aunque lo dicho no es totalmente nuevo.

Si pudiera reencarnar, lo haría en forma de una agencia calificadora de riesgos, porque así podría intimidar a cualquiera”, escribió Jeffry Frieden, un académico de Harvard.

La cita viene al caso luego de que Standard & Poor’s (S&P) emitiera un comunicado para dar a conocer que coloca la deuda del Gobierno mexicano en revisión. Importa lo que dice: “Podríamos bajar la calificación soberana de México si la deuda pública o si la carga de intereses se deteriora más de lo que esperamos actualmente”. También cuenta quién lo dice. S&P es una de las tres grandes firmas calificadoras de deuda en el planeta. Ese trío custodia la puerta de entrada al mercado de capitales. Son la eminencia gris de las finanzas mundiales y el juez que indulta o condena a los emisores.

Una mejora en la calificación de la deuda, por parte de este trío, significa una baja en los costos de financiamiento. Una baja en la calificación implica lo contrario: dificultades de acceso a los mercados y una mayor tasa de interés.

La calificadora no baja la nota. La deuda mexicana sigue estando en la zona del llamado grado de inversión, pero el texto de 
S&P prende focos de alerta, en todos lados. La deuda mexicana estaba en perspectiva Estable; pasa a ser Negativa. La calificadora presenta un diagnóstico durísimo del Mexican Moment, tres años después: “México ha llevado a cabo más reformas estructurales (que la) mayoría de los países de mercados emergentes, pero su tasa de crecimiento ha sido decepcionante, debido parcialmente a factores no económicos…”.

Lo dicho por S&P no es totalmente nuevo. Artículos dedicados al bajo crecimiento económico y los problemas de gobernabilidad han sido el pan de cada día desde hace un par de años en México. Es interesante que lo diga S&P y también es interesante que incluya una perspectiva de riesgo político en su valoración: “Las debilidades en la gobernabilidad -que reflejan en parte una débil aplicación de la ley y la percepción de corrupción- limitan los beneficios de estas reformas, especialmente en la inversión (…) México afronta un mayor riesgo de débil gobernabilidad continua”.

La respuesta de la Secretaría de Hacienda a la calificadora se produjo cuatro horas después del comunicado de S&P. Nótese que el Gobierno no discute la evaluación que la calificadora hace de la situación mexicana. Recuerden que ellas tienen el poder de intimidar a cualquiera. Hacienda recupera una parte de los argumentos que presentó el subsecretario Aportela: reitera el compromiso por disminuir los requerimientos financieros del sector público para el 2016, por el equivalente a 0.5% del PIB. Esto es una reducción de 95,000 millones de pesos.

En el comunicado de Hacienda, es interesante que la dependencia deja sin respuesta todo lo que la calificadora expone sobre los problemas de gobernabilidad y su impacto en el crecimiento económico. La gobernabilidad podría afectar el crecimiento mexicano, tanto o más que los factores externos: la desaceleración de la economía mundial y el desenlace de las elecciones en Estados Unidos. ¿A quién le toca responder a S&P por ese tema? ¿A quién le toca resolverlo? Sin una buena gobernabilidad no habrá forma de acelerar la implementación de las reformas estructurales y detonar el crecimiento económico. La economía necesita de la política y viceversa.

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