La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México determinó que la Policía Federal ejecutó arbitrariamente a 22 personas en el Rancho del Sol, en el municipio de Tanhuato, Michoacán. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González, reveló que el informe técnico señala que se registró la ejecución arbitraria de 22 civiles y el uso excesivo de la … Continued
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México determinó que la Policía Federal ejecutó arbitrariamente a 22 personas en el Rancho del Sol, en el municipio de Tanhuato, Michoacán.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González, reveló que el informe técnico señala que se registró la ejecución arbitraria de 22 civiles y el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la muerte de otras cuatro personas, las cuales, serían atribuibles a personal de la Policía Federal (PF).
Al presentar un informe técnico y científico sobre la muerte de 43 personas en dicho rancho, de los cuales, 42 serían presuntos delincuentes, González refirió que las violaciones graves también incluyen la tortura de dos personas y un trato degradante a una más.
Al hacer un recuento de los hechos que sustentan la recomendación 4PG-2016, el titular de la CNDH sostuvo que también existieron violaciones a la legalidad y seguridad jurídica, debido a la falsedad de informes proporcionados por la PF respecto a las circunstancias en las que se desarrolló el operativo de las Fuerzas Federales en el Rancho del Sol. También, dos cadáveres presentaron quemaduras propiciadas por permanecer frente a fuego directo, con evidencia de que, antes de morir, al menos una persona, fue expuesta a las llamas de manera deliberada.
Las alteraciones en la escena del crimen, según lo expuesto, por la CNDH, consisten al movimiento de siete cadáveres y de las armas que portaban, así como a 16 víctimas se les habrían plantado armas o sustituido por otras. La PF habría tenido cuatro horas para alterar la escena.
El informe refiere que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán y su personal habrían incurrido en irregularidades no graves, las cuales implican falsedad en las descripciones de las víctimas directas, en el lugar de los hechos, y de los indicios balísticos.
Los peritos de la PGJE también son señalados por el organismo defensor de los derechos humanos por falla en las necropsias que les practicaron a los cadáveres.
“Las violaciones a los derechos humanos que se acreditaron no sólo implicaron actuaciones en contra de la ley, que se tradujeron en la pérdida de vidas humanas y afectación a la integridad física y mental de las personas. Por su propia naturaleza y alcance, se verificaron conductas, que dificultan que en el presente asunto se tenga un acceso efectivo a la justicia y se pueda llegar plenamente a la verdad, al haberse manipulado evidencias”, señaló.
Con información de Quadratín
Minuto a minuto
