El pleno del Senado de la República aprobó en lo general las modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal a diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que forman parte de la legislación reglamentaria para el combate a la corrupción. En el marco del periodo extraordinario de sesiones y con el voto mayoritario … Continued
El pleno del Senado de la República aprobó en lo general las modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal a diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que forman parte de la legislación reglamentaria para el combate a la corrupción.
En el marco del periodo extraordinario de sesiones y con el voto mayoritario del PRI y del PAN se aprobaron con 80 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones las modificaciones a los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81, pues consideraron que la obligación impuesta a los particulares para presentar su declaración patrimonial y de intereses resulta innecesaria.
Lo anterior, debido a “que permitir a las autoridades conocer la información de las declaraciones de los particulares no constituye el único mecanismo efectivo para combatir la corrupción”.
Por ello el pleno acordó modificar el Artículo 32, con el objetivo de eliminar del texto de ese ordenamiento la obligación –de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos– de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses.
En el dictamen se precisa que de no modificar los artículos observados se aplicaría dicha obligación de manera discriminada a personas que reciben beneficios de programas sociales, estudiantes que gozan de becas de entidades públicas, o bien personas físicas que prestan servicios a empresas con cualquier tipo de contrato público.
Asimismo, se subraya que la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses podría afectar la vida privada de las personas, poniendo en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal.
Durante el debate, la senadora del Pilar Ortega Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN), expresó que conscientes de que la redacción del Artículo 32 aprobada por el Congreso “tiene aspectos riesgosos en materia de legalidad de la reforma nacional anticorrupción, por lo que reconocemos la necesidad de hacer las adecuaciones planteadas por el Ejecutivo federal”.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, destacó que el veto presidencial pone en evidencia la premura y la forma lamentable en que en ocasiones se desahogan los temas que corresponden al Poder Legislativo.
La senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), respaldó las observaciones presidenciales y aclaró que en este nuevo marco legal se prevén diversas acciones para inhibir las acciones de corrupción por parte de particulares.
Daniel Ávila Ruiz, del PAN, expuso respaldó las observaciones del Ejecutivo federal que buscan regular la situación de particulares en su declaración patrimonial y de conflicto de intereses.
El senador independiente Manuel Cárdenas Fonseca aseguró que la presentación de los particulares de sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de intereses no viola la privacidad de los ciudadanos ni ningún derecho humano, pues las relaciones con el gobierno plantean una responsabilidad derivada del manejo del patrimonio nacional.
La sesión del periodo extraordinario continuó con la votación en lo particular de las reservas presentadas por senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Redacción
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