El mayor síntoma de la enfermedad institucional de nuestra democracia es que lo sistemático en ella no es el cumplimiento de la ley, sino la imaginación desbocada y efectiva para violarla. Nada tan escandaloso como la cantidad de dinero ilegal que fluye a las campañas políticas, dinero que nadie vigila ni puede contener. Mucho menos … Continued
El mayor síntoma de la enfermedad institucional de nuestra democracia es que lo sistemático en ella no es el cumplimiento de la ley, sino la imaginación desbocada y efectiva para violarla.
Nada tan escandaloso como la cantidad de dinero ilegal que fluye a las campañas políticas, dinero que nadie vigila ni puede contener. Mucho menos castigar.
Nadie puede decir con precisión cuánto dinero ilegal desborda por los vagones de la competencia electoral, pero los indicios de su tamaño no pueden sino llamar a una corrección.
Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE, ha intentado diversas mediciones desde su firma de consultoría Integralia.
Su último esfuerzo tiene que ver con las cifras del Banco de México sobre el aumento del uso del dinero en efectivo en años de elecciones.
En las dos últimas elecciones federales, el uso de efectivo ha crecido desorbitadamente. En el año 2102, refiere Integralia, el flujo aumentó 37 mil millones de pesos, un 5 por ciento de aumento respecto del año anterior. En el año de elecciones federales intermedias de 2015, el flujo de efectivo creció casi 29 mil millones de pesos.
Para nadie es un secreto que la llamada “operación electoral” de los partidos de la democracia mexicana, todos incluidos, sucede por su mayor parte en efectivo.
Tenemos ahora, gracias a las mediciones estacionales del Banco de México y al análisis de Integralia, un atisbo de cuánto dinero en efectivo puede haber corrido ilícitamente por los conductos de nuestra competencia democrática.
La cifra es alucinante como indicador del tamaño del dinero ilegal invertido en elecciones. Tiene la ventaja de que sugiere con sencillez su corrección.
Es esta: el uso de dinero en efectivo debe ser prohibido para los partidos políticos y para gastos de campaña. Todo lo que se gaste en ese rubro debe quedar registrado en transacciones bancarias de las que al menos queda huella.
Las tesorerías piratas de nuestra democracia sin demócratas encontrarán la forma de darle la vuelta también a esta norma, pero por lo pronto tendrán la restricción de no poder pagar en efectivo el dinero ilegal con que en cada elección se financian tantos atentados contra la transparencia democrática.
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