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Antier sábado, con su presentación a examen de 76 egresados (todos los convocados) de Ayotzinapa, el férreo y emblemático bastión opositor a la reforma educativa, quedó sepultado el desconfiable pase automático y se abrió el portón para que no solo quienes estudian en el sistema normal de enseñanza, sino todos quienes aprueben una licenciatura magisterial, puedan acceder a una plaza laboral en los planteles públicos.

El acontecimiento (lo mismo sucedió en Oaxaca, con la asistencia a evaluación de 346 de un total de 355 normalistas citados) es un éxito irreprochable del secretario Aurelio Nuño y su equipo, quienes (con explicable sigilo) pudieron convencer a los aspirantes de acatar los procedimientos legales.

Un gran paso para que se respete lo que la Constitución ampara como “derecho superior” de los menores (sobre cualquier otro segmento de la población nacional), en este caso a favor de la calidad de su educación.

Duro, letal golpe al pataleo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otras facciones que necean con seguir administrando el tráfico de plazas.

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