Pero tan urgente fue para el régimen que las inconstitucionales mayorías del oficialismo en el Congreso aprobaron al vapor y sobre las rodillas la demoledora propuesta del peor presidente que ha padecido México
Toda la malignidad que encarna López Obrador se expresó ayer en la ominosa comparecencia de la jueza en retiro forzado Martha Magaña López ante el porril Tribunal de Disciplina Judicial.
Al término de la sesión remota que se le negó fuese pública (“no estuvieron presentes los integrantes del Tribunal, la comisión que va a tomar la determinación y tampoco la secretaria ejecutiva, y así se hizo constar en el acta”), habló así de la suspensión provisional y el amparo definitivo que concedió en agosto de 2024 contra el procesamiento de la destructiva iniciativa presidencial en el Congreso:
“Se me reprocha haber considerado urgente el asunto, haberlo admitido a trámite y concedido la suspensión del proceso de reforma judicial sin atender el criterio jurisprudencial y haberme beneficiado del asunto.
“La suspensión se fundó en derecho, y la jurisprudencia que se me reprocha haber desatendido forman parte de la base de mi decisión, y expliqué por qué en este caso no era aplicable.
“Este procedimiento también tiene consecuencias para la independencia judicial. Sancionar una decisión por haber incomodado al Poder puede desalentar a otras juezas y jueces a resolver con libertad…”.
Llamó en la víspera “mordaza invisible” la que se pretende imponer a juzgadores porque “no necesitas que te llamen o te digan cómo hacerlo, sino simplemente ver qué es lo que le está pasando a tus compañeros”.
El Tribunal de Disciplina Judicial le reabrió su absurdo expediente a petición de otro adefesio de la reforma: el Órgano de Administración Judicial, a solicitud de su titular, Néstor Vargas Solano, sospechoso ex consejero jurídico de Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino.
Aunque la suspensión que otorgó hace más de dos años tuvo efectos jurídicos, evidentemente no fue acatada, pero esto no sofocó los apetitos de venganza y castigo del obradorato.
Desde el punto de vista legal, recordó la perseguida, “persiste un desacato por parte de las autoridades. Hay inclusive una resolución de otro juez federal que continúa con el conocimiento del juicio que llegó a mis manos y determinó que existió un desacato y, conforme a la ley, el desacato de una autoridad constituye un delito”.
Martha interpreta que el régimen quiere con ella enviar un mensaje a juezas y jueces que están aún en la función jurisdiccional:
“Si tú no acatas o tus decisiones no se emiten conforme a los intereses del partido que ahorita se encuentra en el poder, y que es mayoría, pues entones esto te puede pasar a ti…”.
Anticipó que sus representantes legales presentarían las pruebas y alegatos judiciales para rebatir, por ejemplo, la estúpida acusación de que no determinó cuál era la urgencia para conceder la suspensión provisional y el amparo definitivo.
Pero tan urgente fue para el régimen que las inconstitucionales mayorías del oficialismo en el Congreso aprobaron al vapor y sobre las rodillas la demoledora propuesta del peor presidente que ha padecido México…
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