Después de la grave crisis política de las últimas semanas, las recientes encuestas constituyen una señal de alerta que ningún gobierno debería ignorar
Por Daniel Zovatto
Director y editor de Radar Latam 360
Si ayer pusimos la lupa sobre las crecientes dificultades que enfrenta el gobierno de José Antonio Kast en Chile, a menos de cuatro meses de haber llegado a La Moneda, hoy corresponde dirigir esa misma mirada hacia Bolivia, donde el gobierno de Rodrigo Paz comienza a experimentar un acelerado desgaste político cuando apenas han transcurrido un poco más de siete meses desde su llegada al Palacio Quemado.
Después de la grave crisis política de las últimas semanas, las recientes encuestas constituyen una señal de alerta que ningún gobierno debería ignorar.
La aprobación presidencial cayó al 38%, mientras que la desaprobación escaló al 45%, confirmando una tendencia descendente que viene profundizándose desde el inicio de su mandato.
Lo relevante no es únicamente la magnitud de la caída, sino la velocidad con la que se ha producido.
Este fenómeno no es exclusivo de Bolivia. Forma parte de una tendencia regional que muestra que las tradicionales “lunas de miel” presidenciales prácticamente han desaparecido.
Los ciudadanos ya no conceden largos períodos de gracia a quienes llegan al poder ni otorgan cheques en blanco.
Las expectativas son extraordinariamente altas y la paciencia, extraordinariamente corta.
Rodrigo Paz heredó una de las economías más deterioradas de América Latina, marcada por una profunda crisis cambiaria, escasez de combustibles, problemas de abastecimiento y un modelo económico agotado tras dos décadas de gobierno del MAS.
Resolver problemas estructurales de semejante magnitud en pocos meses era, probablemente, imposible.
Sin embargo, la ciudadanía suele evaluar menos las condiciones heredadas que los resultados concretos que percibe en su vida cotidiana.
A ello se suma un contexto político particularmente complejo. Las tensiones sociales, las protestas, los bloqueos y el costo económico derivado de la crisis han ido erosionando rápidamente el capital político con el que inició la administración. Gobernar en medio de una emergencia económica permanente implica asumir costos políticos prácticamente inevitables.
Lo que ocurre en Bolivia confirma una realidad que se observa cada vez con mayor claridad en América Latina. Los gobiernos —sean de derecha, de izquierda o de centro— enfrentan electorados mucho más exigentes, menos ideologizados y profundamente orientados hacia la “Eficracia”. La legitimidad ya no depende únicamente del triunfo electoral; debe renovarse diariamente mediante resultados visibles.
En otras palabras, la demanda ciudadana ha dejado de ser exclusivamente democrática para convertirse, sobre todo, en una demanda de efectividad. Los ciudadanos esperan resultados y soluciones rápidas frente a la inseguridad, la inflación, el deterioro económico, la pérdida del poder adquisitivo y la generación de empleo. Cuando esas respuestas no llegan con la velocidad esperada, el respaldo comienza a erosionarse rápidamente incluso antes de que el gobierno logre desplegar plenamente su programa.
Por ello, más que interpretar estos números como un juicio definitivo sobre la gestión de Rodrigo Paz, conviene entenderlos como un recordatorio de la nueva lógica política que domina la región: la legitimidad electoral abre la puerta del gobierno, pero solo la capacidad de entregar resultados oportunos permite permanecer políticamente fuerte.
En definitiva, tanto el caso chileno como el boliviano ilustran un mismo fenómeno: en la América Latina de hoy ya no existen cheques en blanco. La ciudadanía premia rápidamente cuando percibe eficacia, pero también castiga con igual velocidad cuando las expectativas superan los resultados. Gobernar se ha convertido, más que nunca, en una carrera contra el tiempo.
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