La soberanía no puede ser selectiva

La defensa que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum del expresidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana en Veracruz va mucho más allá de una simple muestra de lealtad política. En realidad, representa una declaración de principios sobre el rumbo que pretende seguir la Cuarta Transformación y, sobre todo, una respuesta a quienes buscan vincular a personajes del movimiento con señalamientos surgidos desde Estados Unidos.

Sheinbaum fue clara: no permitirá que la justicia mexicana sea sustituida por acusaciones emitidas desde otro país. El mensaje tiene una carga política enorme porque llega justo cuando el Departamento de Justicia estadounidense señala a funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con actividades ilícitas.

El planteamiento de la presidenta tiene lógica en un aspecto fundamental. Ninguna nación puede renunciar a su soberanía jurídica ni aceptar condenas mediáticas sin que existan pruebas contundentes y procesos legales sólidos. México no puede convertirse en una oficina receptora de sentencias extranjeras ni actuar únicamente porque así lo exijan intereses políticos del otro lado de la frontera.

Sin embargo, la defensa de la soberanía también implica una enorme responsabilidad. Si el Gobierno federal rechaza acusaciones externas por considerarlas insuficientes, entonces está obligado a fortalecer sus propias instituciones de procuración de justicia para investigar cualquier señalamiento, sin importar quién resulte involucrado.

Porque la soberanía no puede convertirse en un escudo para evitar investigaciones. Tampoco puede utilizarse como argumento para cerrar los ojos frente a posibles actos de corrupción o vínculos con el crimen organizado. Defender la jurisdicción mexicana significa confiar en que las autoridades nacionales son capaces de investigar y castigar a quien sea necesario.

La reacción de Sheinbaum también confirma algo que sus adversarios políticos han intentado negar desde el inicio de su administración: no existe una ruptura con López Obrador. La presidenta no sólo reivindicó el legado del exmandatario, sino que reiteró que su gobierno es la continuidad del proyecto que inició en 2018.

Quienes apostaban por una distancia política entre ambos personajes probablemente seguirán esperando. Sheinbaum entiende que una parte importante de su legitimidad electoral proviene precisamente de la alta aprobación que conserva López Obrador entre amplios sectores de la población.

Por eso tampoco sorprende que la mandataria interprete las críticas recientes como una ofensiva dirigida contra el expresidente. Desde su perspectiva, atacar a López Obrador es una forma de debilitar al actual gobierno.

El verdadero desafío para la presidenta será demostrar que la soberanía que hoy defiende no es únicamente un discurso político, sino una práctica institucional. Porque México tiene derecho a exigir respeto a sus decisiones, pero también tiene la obligación de garantizar que esas decisiones se tomen con transparencia, legalidad e independencia.

En momentos de tensión internacional, la soberanía nacional suele convertirse en una bandera poderosa. El reto está en que no sea una bandera que sólo se despliegue cuando conviene políticamente, sino un principio que sirva para fortalecer el Estado de Derecho.

Al final, la mejor defensa de México no está en ignorar las acusaciones que llegan del exterior, sino en contar con instituciones tan fuertes que sean capaces de investigar, aclarar y resolver cualquier duda dentro de nuestras propias fronteras. Esa sería la verdadera demostración de soberanía.

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