Después del Plan Colombia

Por: Rodrigo Aguilar Benignos, analista internacional y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de EE.UU.

Las próximas elecciones colombianas reflejan mucho más que una disputa política y cambio de gobierno. En realidad, exponen el desgaste de un modelo de seguridad que durante más de dos décadas definió buena parte de la estrategia política y de cooperación en América Latina.

Colombia fue presentada como el principal ejemplo regional de éxito en combate al crimen organizado, fortalecimiento militar y coordinación hemisférica con Estados Unidos durante años. El país pasó de ser símbolo de violencia, secuestros y expansión guerrillera a convertirse en una referencia obligada para gobiernos que buscaban recuperar control territorial y fortalecer capacidades de seguridad.

El llamado “Plan Colombia”, impulsado a principios de los años 2000 con apoyo político, financiero y militar de Washington, tardó casi una década en mostrar resultados claros, pero terminó transformando la percepción internacional sobre el país. Las guerrillas perdieron capacidad operativa, disminuyeron los secuestros y el Estado logró recuperar presencia en regiones que durante años estuvieron prácticamente fuera de su control. Sin embargo, más de veinte añs después, una parte importante de la sociedad colombiana percibe que esos avances nunca resolvieron problemas mucho más profundos, como la desigualdad, la corrupción, la debilidad institucional y la persistencia de economías ilegales que siguen sosteniendo violencia en distintas regiones.

Esa percepción explica buena parte del clima político que vive hoy Colombia. Aunque el país mejoró frente a los años más críticos del conflicto armado, la seguridad dejó de ser suficiente como fuente de legitimidad política. Amplios sectores sociales mantienen desconfianza hacia las instituciones y frustración frente a un crecimiento económico que no se tradujo en mejores condiciones para gran parte de la población. La polarización política, el desgaste de los partidos tradicionales y el aumento del desencanto social reflejan una tensión más amplia entre capacidad estatal y representación democrática, una combinación que no es exclusiva de Colombia y que empieza a repetirse en varios países de la región.

El problema criminal además cambió de forma. Las grandes guerrillas dejaron de ser el único desafío para el Estado y fueron reemplazadas por estructuras criminales mucho más fragmentadas y flexibles, vinculadas no solo al narcotráfico, sino también a minería ilegal, extorsión, tráfico de personas y control de corredores logísticos. El crimen organizado dejó de operar únicamente como una amenaza armada y comenzó a funcionar como una red económica transnacional integrada a puertos, rutas comerciales y economías locales. Esa transformación obliga a replantear la lógica de seguridad que dominó América Latina desde principios de siglo, porque el problema ya no se limita al control territorial; ahora también involucra cadenas de suministro, infraestructura estratégica y flujos financieros.

Por ello, Colombia sigue siendo tan relevante para el resto de América Latina. Durante años, el país funcionó como laboratorio regional de cooperación militar, inteligencia y combate al narcotráfico. Buena parte de las estrategias implementadas posteriormente en otros países tomaron elementos del modelo colombiano. Si ese esquema empieza a mostrar límites políticos y sociales incluso en el país que fue considerado su mayor éxito, el mensaje para la región debería ser muy difícil de ignorar.

México, Ecuador y varios países centroamericanos viven hoy tensiones similares. En Ecuador, por ejemplo, el crecimiento acelerado del crimen organizado y el control de rutas marítimas transformaron en pocos años el panorama de seguridad. El país pasó de ser visto como uno de los más estables de la región andina a enfrentar una expansión de violencia vinculada al narcotráfico y a puertos estratégicos utilizados para exportar cocaína hacia Europa y Asia. El crimen organizado entendió antes que muchos gobiernos que controlar infraestructura logística también significa controlar valor económico y capacidad territorial.

México enfrenta parte de esa misma transformación. Aunque el Estado fortaleció capacidades operativas durante los últimos años, las organizaciones criminales mantienen enorme capacidad financiera y control territorial en distintas regiones. La experiencia colombiana muestra precisamente los límites de una estrategia centrada exclusivamente en presión militar y policial. El problema ya no puede entenderse únicamente desde la seguridad pública, porque también involucra crecimiento desigual, debilidad institucional y economías ilícitas integradas a actividades legales y cadenas comerciales.

El contexto internacional también cambió profundamente. A principios de los años 2000, América Latina ocupaba un lugar prioritario dentro de la agenda de seguridad de Estados Unidos. Hoy, Washington concentra gran parte de su atención en la competencia con China, la guerra en Ucrania y las tensiones en Medio Oriente. Mientras tanto, la región enfrenta nuevas presiones asociadas a migración, polarización política, debilidad fiscal y expansión del crimen transnacional. El escenario que dio origen al Plan Colombia ya no existe y las respuestas construidas hace dos décadas comienzan a mostrar desgaste frente a problemas mucho más complejos.

Las elecciones colombianas importan precisamente porque reflejan esa transición regional. América Latina está entrando en una etapa donde los modelos de seguridad construidos e implementados empiezan a perder legitimidad política y social al carecer de resultados contundentes. El desafío ya no consiste únicamente en recuperar control territorial o debilitar grupos armados, sino en reconstruir legitimidad estatal en sociedades marcadas por desigualdad, fragmentación institucional y desconfianza hacia la política.

Después del “Plan Colombia”, la discusión para la región ya no es solo cómo combatir al crimen organizado, es cómo construir estabilidad en países donde las economías ilícitas se integraron a la vida cotidiana y donde la seguridad, por sí sola, dejó de ser suficiente para sostener legitimidad política.

Rodrigo Aguilar Benignos
Consultor Internacional