El mensaje es claro: el Estado tiene licencia absoluta para mutilar la selva con recursos públicos, pero el capital privado no puede presentar un desarrollo sin ser crucificado en la plaza pública
Vaya coreografía política, con gran despliegue mediático, para que una de las mejores oradoras del régimen diera la primicia: la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunció que el gobierno federal no aprobará el proyecto “Perfect Day México” de Royal Caribbean en Mahahual.
El montaje de rigor ecológico contrasta con el silencio sepulcral que guardó esa misma dependencia en diciembre del 2018, cuando López Obrador anunció su capricho llamado Tren Maya. En aquel entonces, la titular del ramo era Josefa González Blanco, la funcionaria que no pasó a la historia por su visión proambiental, sino por ordenar detener un avión comercial para no perder su vuelo, y que tiempo después, ya como embajadora en Reino Unido, hospedó “con el cariño de una madre” al hijo de Marcelo Ebrard.
Son las dos varas para medir el impacto ecológico: de la sumisión absoluta ante el Tren Maya, y la refinería de Dos Bocas, al protagonismo frente a la inversión privada.
Cuando se trató de la destrucción de la selva con el tren, la Semarnat se convirtió en una simple oficialía de partes que justificó la deforestación de más de 10 millones de árboles y la perforación de cenotes; todo protegido con el manto de la “seguridad nacional” para evitar suspensiones judiciales.
A los críticos del Tren Maya los fustigaron, los insultaron, y las autoridades ambientalistas callaron como momias, ante un proyecto que operó bajo la política del hecho consumado y que se devoró más de 500,000 millones de pesos del erario.
En cambio, frente a un proyecto de 1,000 millones de dólares de capital extranjero, repentinamente la autoridad recordó sus funciones de vigilancia ecológica; no por sus capacidades técnicas, sino por la presión política en medios y redes sociales.
Hay que ser claros: los riesgos ecológicos en el desarrollo planeado por Royal Caribbean son reales y la derrama económica se limita al desarrollo de infraestructura y a la generación de empleos de ingresos medianos o bajos. La realidad es que el modelo de negocio de estos destinos tipo “Perfect Day” está diseñado para maximizar la captura de valor a bordo y en tierra para la naviera, lo que reduce al máximo la derrama económica real en los países anfitriones.
Ahora, una buena gestión de estos enclaves puede tener beneficios fiscales y hasta de promoción turística, pero sí hay afectaciones ecológicas que considerar, como claramente se ha visto en todo el desarrollo histórico de esa zona del Caribe mexicano.
El problema es que cancelar inversiones multimillonarias por decreto mediático, cambiando las reglas a la mitad del camino, profundiza las señales de una escasa certeza jurídica que los miedosos capitales piden como condición mínima indispensable.
El mensaje es claro: el Estado tiene licencia absoluta para mutilar la selva con recursos públicos, pero el capital privado no puede presentar un desarrollo sin ser crucificado en la plaza pública.
Cuando la secretaría del Medio Ambiente le cierra las puertas de Mahahual a la naviera más grande del mundo y la invita a que busque otro lugar, seguro que esta empresa, en su análisis de costo de oportunidad, habrá de incorporar la fragilidad institucional del régimen mexicano, capaz de frenar inversiones ante una simple campaña de firmas en Change.org. Ese otro lugar, seguro, no será en México.
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