Reubicar o reconstruir: el debate pendiente en Veracruz

La tragedia de las inundaciones de octubre de 2025 dejó algo más profundo que casas dañadas en Veracruz: dejó una pregunta incómoda sobre cómo reconstruir sin volver a condenar a miles de familias al mismo riesgo. Y seis meses después, la respuesta todavía sigue en análisis.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la etapa de entrega de enseres domésticos ya concluyó. Refrigeradores, estufas, colchones y ventiladores llegaron a miles de hogares afectados en Veracruz, Hidalgo y Puebla. El Gobierno federal presume cifras importantes: más de 271 mil artículos entregados a más de 60 mil familias. Sin embargo, la verdadera prueba apenas comienza: reconstruir viviendas y, sobre todo, decidir dónde y cómo deben vivir nuevamente los damnificados.

Ahí aparece el dilema político, social y humano.

Por un lado, el Gobierno plantea la reubicación de familias asentadas en zonas de alto riesgo, particularmente cerca de ríos o terrenos inundables. En teoría, parece la decisión más lógica. Nadie debería vivir esperando la próxima crecida del río Cazones o el siguiente temporal que arrase con todo. Pero en la práctica, reubicar no significa únicamente mover casas: significa arrancar comunidades enteras de sus raíces, de sus trabajos, de sus escuelas y de sus redes familiares.

En Veracruz, especialmente en el norte del estado en Poza Rica y Álamo, muchas familias construyeron durante décadas una vida alrededor de esos espacios. Algunas no tienen escrituras; otras levantaron sus viviendas poco a poco, con sacrificios acumulados por generaciones. Pedirles que abandonen esos lugares implica también tocar fibras culturales y emocionales que ningún censo puede medir.

La segunda opción del Gobierno —entregar recursos para autoconstrucción con asesoría técnica— parece más flexible y menos invasiva. Tiene incluso un componente interesante: darle a la gente la posibilidad de participar directamente en la reconstrucción de su patrimonio. Pero también abre interrogantes delicadas. ¿Habrá suficiente supervisión técnica? ¿El dinero alcanzará realmente para viviendas dignas? ¿Qué pasará con quienes decidan reconstruir, otra vez, en terrenos vulnerables por necesidad o falta de alternativas?

Porque el problema de fondo no nació con las lluvias de 2025. Las inundaciones únicamente exhibieron años de crecimiento urbano desordenado, permisos laxos, asentamientos irregulares y abandono histórico en materia de planeación territorial. En muchos municipios, las familias no viven en zonas de riesgo porque quieran, sino porque es el único lugar que pudieron ocupar.

Ahí es donde la discusión deja de ser únicamente de protección civil y se convierte en un asunto de justicia social.

La administración de Claudia Sheinbaum tiene ahora la oportunidad de demostrar si la reconstrucción será solamente una reacción emergente o un verdadero cambio de fondo. Porque repartir enseres ayuda a sobrevivir la emergencia, pero reconstruir viviendas seguras implica transformar la relación entre pobreza, territorio y vulnerabilidad.

También será una prueba política para la llamada Cuarta Transformación. La narrativa gubernamental insiste en atender primero a los más pobres, pero justamente son esas familias las que históricamente terminan viviendo junto a ríos, laderas o zonas inundables. Si la reconstrucción se queda atrapada entre diagnósticos técnicos, censos interminables y decisiones burocráticas, el riesgo es que el tiempo vuelva normal la tragedia.

Y en Veracruz eso ocurre con demasiada frecuencia.

Cada temporada de lluvias revive las mismas imágenes: colonias bajo el agua, familias perdiendo muebles, refugios temporales y promesas de reconstrucción. Cambian los gobiernos, cambian los discursos, pero muchas veces el mapa del riesgo sigue intacto.

Quizá la verdadera reconstrucción no sea solamente levantar paredes nuevas, sino romper de una vez por todas el ciclo donde los más vulnerables siempre terminan viviendo al borde del desastre.

Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.