Son 128 mil personas desaparecidas, más de 70 mil cuerpos sin identificar y cientos de colectivos de búsqueda los que están esperando una respuesta
LIC. ROSARIO PIEDRA IBARRA,
PRESIDENTA,
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS:
Nuestro dolor no es un espectáculo.
Movimiento por Nuestros
Desaparecidos en México
Me permito atraer su atención sobre el informe Desapariciones en México, que el día de ayer rindió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; lo hago porque como que es un asunto que no se ve que le interese mayormente, aunque debería.
Como era de esperar, la CIDH reconoce que México cuenta con un marco normativo bien diseñado, pero como ocurre con frecuencia en nuestro país, esa es la teoría y muy distinta es la práctica. Es decir, al Sistema Nacional de Búsqueda le falta hacer una realidad la alineación de las instituciones que lo integran. Por ejemplo, aun cuando existe un procedimiento a activar cuando se denuncia una desaparición, éste rara vez se pone en práctica, de tal suerte que la experiencia de denunciar se vuelve “burocratizada, engorrosa, traumática, revictimizante y que vulnera derechos como la integridad personal, la dignidad, la memoria, la verdad y el acceso a la justicia”.
El informe señala que en México no hay el impulso debido para seguir de oficio las investigaciones; de hecho, ocurre el inconveniente fenómeno de que la obligación de búsqueda de pruebas acaba por recaer en las familias. Más grave aún es que cuando finalmente se abre la investigación, las diligencias no se conducen con precisión ni pulcritud, de tal suerte que se dan casos de extravío de pruebas o un mal encuadre de conductas que constituyen desaparición bajo otras figuras penales. Desde luego, las deficiencias pasan por la corrupción, como vimos en un caso reciente en que el Ministerio Público pidió su mochada para “acelerar” la indagatoria de una joven desaparecida.
Y, por supuesto, el tema de la connivencia de las autoridades tiene un papel relevante en el informe. De hecho, doña Rosario, no sé por qué la 4T se molesta tanto cuando se habla de las desapariciones forzadas; si bien no es una política ilegal de Estado, “en su Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018 – 2024, México reconoce que el tamaño, la extensión y el poder de los grupos criminales en México solo se explican por niveles de corrupción equivalentes en los órganos estatales; en especial los relacionados con la lucha contra el crimen y la procuración e impartición de justicia. Esa situación descrita supera la criminalidad común o aislada, y describe el fenómeno actual desde la lógica de redes de criminalidad organizada o macrocriminalidad”. Leyó usted bien, doña Rosario: macrocriminalidad.
Aún más, la CIDH pone el acento de que la connivencia entre la delincuencia y las autoridades ha llevado a que “la distribución de las autorías (de desapariciones) entre agentes estatales y no estatales es porcentualmente casi la misma”. Lo anterior nos lleva a suponer que, si bien la política federal de seguridad ha cambiado notablemente, a nivel entidades y municipios la realidad es bien distinta. Por ello la Comisión llega a recomendar a México que defina penalmente el delito de “aquiescencia”.
Por lo que hace a la impunidad, la Comisión la describe “como un problema infranqueable” en México, dado que la judicialización de los casos es mínima y todavía menos el número de sentencias. Al respecto, el informe concluye que se carece de un plan de acción para que el sistema de procuración e impartición de justicia dé algún resultado satisfactorio a los familiares y una condena procesal a los responsables de la desaparición.
Si bien la pobreza no es concomitante con la delincuencia, el informe reporta que en las poblaciones de escasos recursos sí suele darse la ausencia de autoridades eficaces e instituciones eficientes que ofrezcan una alternativa a los jóvenes para salir de la pobreza o para encontrar otros rumbos de vida. Así las cosas, los jóvenes de bajo nivel educativo son una población “altamente expuesta a contextos de violencia” y falta de orden. A lo anterior se suma que el crimen organizado tiene necesidad de un reclutamiento intensivo de jóvenes que, a la postre, le resultan desechables. A lo que voy, señora Piedra, es que la prevención de las desapariciones ha mostrado ser más reactiva que preventiva; lo único que la Comisión valora como un esfuerzo gubernamental más o menos atinado son las mesas de paz, a pesar de que “no comunican lo suficiente sobre las líneas específicas para erradicar la desaparición dentro de la estrategia de seguridad del Estado”.
El espacio se me acaba y se quedan muchos aspectos en el tintero. Espero que el Gabinete de Seguridad, pero sobre todo los gobiernos estatales, lean el Informe y vean la manera de implementar las 40 recomendaciones que incluye.
Son 128 mil personas desaparecidas, más de 70 mil cuerpos sin identificar y cientos de colectivos de búsqueda los que están esperando una respuesta.
Con la colaboración de Upa Ruiz
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