
Rocío Nahle García oficializó un importante paquete de incrementos salariales destinados a los trabajadores al servicio del estado de Veracruz
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, oficializó un importante paquete de incrementos salariales destinados a los trabajadores al servicio del Estado, estableciendo un aumento general del 7.5 por ciento.
Esta medida, que tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de este año, fue presentada por la mandataria como un acto de justicia laboral y un reconocimiento directo al esfuerzo diario de quienes sostienen la administración pública y el desarrollo del estado.
Dentro de este anuncio, Nahle García destacó una política de equidad de género encaminada a reducir las disparidades económicas en el sector público. En este sentido, las mujeres trabajadoras que actualmente perciben menos de dos salarios mínimos se verán beneficiadas con un incremento superior, correspondiente al 9.5 por ciento.
El objetivo de este ajuste específico es fortalecer la autonomía financiera de las servidoras públicas y cerrar las brechas salariales que aún persisten en la estructura institucional.
Por otro lado, la administración estatal reafirmó su compromiso con la seguridad pública al confirmar un aumento del 15 por ciento para los elementos policiales, también con carácter retroactivo al inicio de 2026.
La gobernadora Nahle puntualizó que este ajuste busca dignificar la labor de las fuerzas del orden en su tarea de construcción de paz y vigilancia en el estado. Respecto al sector educativo, se informó que el magisterio estatal recibirá un ajuste homologado a lo que determine la federación el próximo 15 de mayo, garantizando así condiciones competitivas para los docentes locales.
Finalmente, Rocío Nahle subrayó que estas acciones forman parte de una política laboral con un marcado sentido social que prioriza a los sectores con menores ingresos.
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Al colocar a la clase trabajadora como el pilar fundamental del desarrollo en Veracruz, el gobierno estatal busca consolidar un modelo administrativo donde el bienestar de los empleados públicos sea el motor que impulse el funcionamiento y la eficiencia de las instituciones en beneficio de toda la ciudadanía.