La presidenta Sheinbaum se pronunció por los señalamientos de EE.UU. al gobernador Rocha Moya y otros 9 funcionarios mexicanos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó clara su posición sobre al petición de la Justicia de EE.UU. para detener y extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
En un posicionamiento durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo prometió en este caso que habrá “verdad, justicia y defensa de las soberanía”.
La mandataria mexicana dejó en claro que su Gobierno no encubrirá a nadie, y que si la Fiscalía General de la República (FGR) encuentra pruebas contra los 10 funcionarios mexicanos debe proceder.
“Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, explicó.
“Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia (de EE.UU.) es político”, lanzó.
“Debe quedar sumamente claro bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, puntualizó.
El posicionamiento de Sheinbaum Pardo ocurre horas después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. informara de una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los vincula el Cartel de Sinaloa, particularmente la facción de Los Chapitos.
Según la acusación de laJusticia estadounidense, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitado información sensible y permitido el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.
Entre los acusados también se encuentra el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; así como el excomandante de la Policía de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
La FGR informó en la previa que iniciará una investigación para determinar si “existen datos de prueba” que sostengan la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. en contra de los diez funcionarios mexicanos.
Con información de López-Dóriga Digital
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