El problema de fondo es que hoy, ante una informalidad laboral que asfixia a 55% de la población activa, el gobierno ha convertido el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) en un “ISR disfrazado”
El mejor escenario sería tener una economía donde no se tuviera un control artificial de precios para los combustibles, ni para los métodos bancarios de pago como medidas de control inflacionario en estos momentos de alta volatilidad internacional de los precios del petróleo.
En un mercado funcional, el precio que pagan los consumidores en las estaciones de servicio debería ser un reflejo fiel de los costos de extracción, refinación y logística, donde sólo la oferta y la demanda dictaran el ritmo del consumo y el precio.
Pero en México la gasolina no es solo un insumo; es la válvula de escape de una estructura fiscal deformada por la informalidad. Al mismo tiempo, con el mito petrolero por delante, el precio de la gasolina es un referente de popularidad política; esta es una combinación de alto octanaje muy explosiva.
En lugar de desgastarse con la aplicación de precios máximos, que dañan toda la cadena productiva de los combustibles, o con la tentación populista de obligar a los bancos a no cobrar por servicios que, además de lícitos, conllevan costos operativos y de infraestructura reales, el Estado debería centrar su energía en impulsar la formalidad.
El problema de fondo es que hoy, ante una informalidad laboral que asfixia a 55% de la población activa, el gobierno ha convertido el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) en un “ISR disfrazado”.
A pesar de que el huachicol tenga “otros datos” es más difícil esconderse de la manguera de la gasolinera que de pagar impuestos sobre la renta en este mar de informalidad. Lo cierto es que el IEPS compensa la raquítica recaudación directa con cargo a la movilidad y con un sobrecosto fiscal adicional a los contribuyentes cautivos.
Si México diera ese valiente paso hacia la formalidad laboral, empresarial, donde la base de contribuyentes fuera proporcional al tamaño de la economía, la dependencia del IEPS disminuiría y podríamos tener los precios de las gasolinas que alguna vez este régimen prometió.
A grandes rasgos, del precio promedio de la gasolina Magna que paga el consumidor, el precio de referencia más la logística implica un costo de 13.20 pesos; la gasolinera se lleva algo así como 1.56 pesos por litro; y los impuestos agregan al precio otros 8.92 pesos a cada litro. El problema evidentemente no son las comisiones bancarias.
Si las gasolinas no fueran ese rudo cobrador de impuestos que son, el precio de estos combustibles podría ser menor y el mercado tendría la robustez necesaria para absorber choques temporales de volatilidad externa sin subsidios, controles de precios o “manita de puerco” a gasolineros y banqueros.
La coyuntura actual podría requerir de esos subsidios y precios controlados, pero sería también el escenario ideal para iniciar un cambio estructural de fondo en la estructura fiscal. Claro que eso requeriría de una visión de país que hoy está ausente.
Castigar el pago de los servicios bancarios en gasolineras solo reparte el sacrificio con las instituciones financieras, no soluciona de fondo el problema de los combustibles y del país. Mientras la informalidad sea el refugio de millones de personas, la manguera de la gasolinera será un recaudador eficiente pero insuficiente para mejorar las finanzas y la economía mexicana.
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