No dudo ni por un momento que después de que el PT y el PVEM salvaron el pellejo al rechazar la Reforma Electoral, ahora sí acompañen a MORENA con sus votos a favor del Plan B
LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ,
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN:
Al momento de escribir estas líneas se informa que usted está reunida con legisladores del Partido Verde, Partido del Trabajo y MORENA para planchar el Plan B de la presidenta Sheinbaum, el cual se enviará el lunes al Congreso para su discusión y aprobación.
Debo reconocer que yo, al igual que muchos otros columnistas, esperábamos que dicho Plan se enfocara a hacer cambios en las leyes reglamentarias para introducir por la puerta de atrás los cambios incluidos en la Reforma Electoral. Y hete aquí que estaríamos frente a un Plan B con otras propuestas, todas las cuales son modificaciones a la Constitución y, por tanto, requieren de una mayoría calificada para su aprobación.
Ayer mismo la mandataria nos dio un avance del contenido del Plan B, el cual también supone cambios en las constituciones locales. Eso sí, todos los puntos del Plan B pasan por la tijera a los presupuestos.
Entre los razonamientos expuestos por la doctora Sheinbaum está el hecho de que el costo por legislador varía mucho de un estado a otro. “En Baja California, el costo por legislador, 34.8 millones de pesos. En Colima, el costo por legislador, 5.1 millones de pesos”, expresó ayer la mandataria y las cifras son impresionantes. Qué bien que se cuestionen las diferencias, pero me pregunto si el Poder Ejecutivo y el Legislativo van a diseñar una plantilla, esquema o procedimiento de lo que sí puede y no puede gastar un Congreso Local. ¿O solo se irán por los salarios de los legisladores y les van a poner un tope?
Pero más importante aún sería que se preguntaran cuál es la eficiencia legislativa en un caso y en otro. Si en Colima la eficiencia es poca o nula, pues esos pocos millones son mal gastados; si en Baja California hay una alta eficiencia, pues bien gastados los dineros. Un criterio similar aplicaría para la propuesta del Plan B sobre el número de regidores que puede o debe tener un cabildo. El municipio de Guadalajara, Jalisco es mucho más complejo que el de Santa Magdalena Jicotlán, Oaxaca y, por ende, son distintas sus necesidades.
Cabe reconocer que estos dos puntos seguramente serán muy populares entre la población, máxime que todos los dineros ahorrados se quedan en la entidad o en el municipio para obras y servicios. Pero la pregunta esencial no la contesta el Plan B: ¿qué tan bien sirven los legisladores a los ciudadanos y a su estado?
Ahora pasemos a la parte difícil de digerir del Plan B. Según explicó la presidenta Sheinbaum, propondrá que la consulta de revocación de mandato pueda moverse al tercer año de gobierno y no necesariamente esperar al cuarto. Mala cosa, doña Rosa Icela. Si se adelanta la consulta de revocación de mandato al 2027, también en aras del ahorro, se estará introduciendo un factor disruptivo en los comicios. En vez de que la gente se fije en quiénes son los candidatos o qué proponen los partidos, la discusión pública se centrará en si debe o no seguir la presidenta en sus funciones.
Además, al “estar en la boleta”, doña Claudia tendrá la posibilidad de hacer campaña, cuando se supone que en tiempo electoral hay una veda publicitaria para el gonbierno. Con otra, los únicos beneficiarios de tal promoción presidencial serán los aspirantes guindas, colocando en desventaja al resto de los candidatos.
Otro de los puntos complejos en el Plan B es que se autorice a que en las consultas populares se puedan tocar aspectos electorales. Es tan obvio el plan… De lo que se trataría es de lanzar una consulta en la cual se pregunte a la gente si está de acuerdo en disminuir el presupuesto a los partidos; sabemos que la población responderá afirmativamente y, de llegar el número de votantes al 40% del padrón, la respuesta se vuelve vinculante.
En lo personal estoy de acuerdo en que se reduzcan las prerrogativas, pero que sea más pareja la distribución; en vez de que el 30% del presupuesto se divida a partes iguales entre los partidos y el 70% de acuerdo con la votación alcanzada en las últimas elecciones, sería más equitativo que fuera 50% igualitario y el otro 50% por número de votos.
Pero el punto más preocupante del Plan B es la propuesta de convertir a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) en oficinas temporales. Es un golpe duro y seco al servicio profesional de carrera del Instituto Nacional Electoral, gracias al cual las elecciones fluyen con asombrosa eficiencia. De pasar el Plan B, vamos a ver OPLES llenos de improvisados, cuando no de infiltrados, lo cual disminuirá la certidumbre de los resultados comiciales.
No dudo ni por un momento que después de que el PT y el PVEM salvaron el pellejo al rechazar la Reforma Electoral, ahora sí acompañen a MORENA con sus votos a favor del Plan B. Que sea positivo para nuestra democracia, esa es otra historia.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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