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Peso cubano en comparación con dólares estadounidenses. Foto de EFE

Como todos los días, para estar muy bien informado, Radar Latam 360 comparte las cinco principales noticias de América Latina y tres claves del tablero global.

 AMÉRICA LATINA

1. Cuba: El peso se desploma a 500 por dólar en el mercado informal y agrava la crisis en la Isla cuyo régimen está cada vez más débil y aislado

El régimen de Cuba se hunde en una crisis energética y económica sin la ayuda de Venezuela y la presión de Estados Unidos

El colapso de la red eléctrica, la falta de combustible, la depreciación acelerada de la moneda y el aislamiento aéreo han agravado el descontento social en la isla.

El peso cubano alcanzó un mínimo histórico de hasta 500 unidades por dólar en el mercado informal, reflejando el agravamiento de la crisis económica y energética que atraviesa la isla, con una fuerte pérdida del poder adquisitivo de la población y una creciente dolarización de facto de bienes y servicios.

La cotización paralela —usada ampliamente en la vida cotidiana y considerada por analistas como el indicador más real de la economía— ha superado con creces los valores oficiales y se negocia a través de redes informales, remesas y transacciones privadas.

La depreciación se produce en un contexto de escasez de productos básicos, alta inflación, caída de la producción y prolongados apagones que la economía arrastra desde hace años y que se han intensificado recientemente.

El salario estatal promedio ronda los 7.000 pesos —unos 14 dólares al cambio informal—, lo que evidencia el deterioro del nivel de vida, mientras bienes esenciales alcanzan precios inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos.

A ello se suma la reducción del suministro de petróleo y nuevas presiones externas que han agravado la falta de combustible, afectando transporte, turismo y servicios básicos.

La brecha entre múltiples tipos de cambio oficiales y el valor real del mercado ha erosionado la confianza en la moneda nacional, profundizando una crisis estructural iniciada tras la fallida reforma monetaria de 2021 y acelerando la pérdida de valor del peso en los últimos años.

2. Venezuela: Las diferencias internas demoran la amnistía prometida por Delcy Rodríguez en Venezuela

La aprobación de la ley de amnistía anunciada por el gobierno de Delcy Rodríguez se ha retrasado debido a fuertes desacuerdos dentro del propio chavismo sobre su alcance y aplicación, evidenciados incluso en la suspensión de debates parlamentarios que debían acelerarla. Mientras sectores más pragmáticos, encabezados por el presidente de la Asamblea Nacional, defienden una liberación amplia de detenidos, las corrientes más duras exigen limitarla al considerar que no puede perdonar delitos comunes, lo que ha trabado la redacción final y reducido los posibles beneficiarios. El proyecto, además, excluye a numerosos presos —entre ellos militares y otros considerados injustamente encarcelados— y no contempla reparaciones ni garantías de no repetición, lo que ha generado críticas de ONG, gremios y familiares de detenidos, que denuncian contradicciones entre el discurso oficial de reconciliación y nuevas detenciones o restricciones a excarcelados. En este contexto de tensiones políticas, protestas de familiares y debates sobre justicia transicional, la ley continúa estancada en medio de la complejidad de una eventual transición y de la pugna interna por definir hasta dónde debe llegar el proceso de apertura.

Comentario adicional: La discusión sobre la amnistía se inscribe en un escenario más amplio de intentos de “pacificación” y reconciliación tras la crisis política reciente, con versiones del proyecto cada vez más acotadas y negociaciones aún abiertas sobre quiénes podrán beneficiarse y bajo qué condiciones.

3. Panamá: CK Hutchison amenaza con acciones legales a Maersk si asume puertos en el país canalero

El conglomerado hongkonés CK Hutchison advirtió que iniciará acciones legales contra la filial APM Terminals del grupo Maersk si esta asume la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal sin su consentimiento, en medio de la crisis generada por el fallo de la Corte Suprema de Panamá que declaró inconstitucional la concesión otorgada en 1997 a Panama Ports Company, subsidiaria de CK Hutchison, para administrar dichas terminales estratégicas. La empresa sostiene que cualquier transición forzada causaría daños y violaría acuerdos contractuales e inversiones, mientras que Maersk ha expresado su disposición a operar temporalmente los puertos para evitar interrupciones en el comercio regional y global ante la incertidumbre jurídica. El conflicto ya escaló a arbitraje internacional contra el Estado panameño, con reclamos de compensación por perjuicios, y adquirió dimensión diplomática tras críticas de autoridades de Hong Kong sobre el impacto del fallo en la confianza inversionista. El gobierno del presidente José Raúl Mulino, por su parte, defiende la soberanía de la decisión judicial y avanza en un modelo de transición hacia nuevas concesiones más transparentes, mientras el caso introduce riesgos económicos, legales y geopolíticos que incluso ponen en duda un acuerdo global de venta de activos portuarios de CK Hutchison valorado en unos USD 23.000 millones.

4. Colombia: Sospechas, purgas y conspiraciones: la denuncia de Petro por un supuesto “montaje con cocaína” desata una tormenta política en el país

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció la existencia de un presunto plan para introducir cocaína en uno de sus vehículos oficiales con el objetivo de desacreditarlo políticamente y sabotear su imagen, especialmente en el contexto de una reciente reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, lo que desencadenó la salida del brigadier general Edwin Urrego, señalado indirectamente por el mandatario aunque sin que se hayan presentado pruebas públicas del complot.

La acusación, formulada durante un Consejo de Ministros y acompañada de señalamientos sobre otros posibles atentados contra su vida, ha sido rechazada por el oficial implicado, quien asegura no haber tenido relación con la seguridad presidencial y evalúa acciones legales para defender su nombre.

El episodio ha generado un fuerte escándalo político y profundizado la desconfianza entre el Gobierno, la Policía y sectores de inteligencia, en un clima ya tensionado por investigaciones que afectan a personas cercanas al presidente y por la creciente polarización del país. Analistas advierten que el caso revive los temores históricos sobre luchas internas y “guerras en las sombras” dentro del aparato estatal colombiano, en medio de un escenario de seguridad complejo y alta sensibilidad política.

5. Ecuador: El país andino entró al top 10 de los países más violentos del mundo

Ecuador se ubicó entre los diez países con mayores niveles de violencia a escala global, de acuerdo con el informe Conflict Watchlist 2026 de la organización ACLED, que atribuye el deterioro de la seguridad a la expansión y disputa del crimen organizado en amplias zonas del país: el reporte señala que en 2025 Ecuador registró por tercer año consecutivo la tasa de homicidios más alta de América Latina y que, entre el 1 de enero y el 28 de noviembre de ese año, más de 3.600 personas murieron por violencia vinculada a grupos criminales (un 42% más que en el mismo período de 2024); además, estima que el 71% de la población (más de 12 millones de personas) estuvo expuesta a violencia relacionada con estas estructuras.

El informe vincula el pico de violencia a la pugna territorial entre las principales bandas (incluidos Los Lobos y Los Choneros), a la fragmentación interna tras la captura/caída de liderazgos —con conflictos que muchas veces se incuban en cárceles y luego se trasladan a las calles—, y al rol cada vez más central de Ecuador como nodo de tránsito en el tráfico regional de drogas, con impactos también en zonas fronterizas; y advierte que 2026 será decisivo si no hay consolidación de control territorial ni recuperación efectiva del sistema penitenciario.

En ese clima de crisis, se sumó un hecho político-judicial de alto impacto: el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido el 10 de febrero de 2026 en el marco de una investigación por lavado de activos y evasión/defraudación tributaria, junto con otras personas vinculadas al caso, según informó la Fiscalía.

 TABLERO GLOBAL

1. EE.UU.: La Cámara de Representantes de EE UU aprueba una ley electoral que exige prueba de ciudadanía para votar

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley conocido como SAVE America Act, que obligará a quienes se registren para votar en elecciones federales a presentar documentos que acrediten su ciudadanía —como pasaporte, certificado de nacimiento u otra prueba oficial— y exigirá a los estados reforzar los mecanismos de verificación del padrón electoral, en una iniciativa impulsada por los republicanos y respaldada por el presidente Donald Trump bajo el argumento de fortalecer la integridad del sistema electoral y evitar el voto de personas no ciudadanas; la medida, aprobada por un margen estrecho y con escaso apoyo demócrata, deberá ahora ser considerada por el Senado, donde enfrenta un futuro incierto, mientras que sus críticos —entre ellos legisladores demócratas y organizaciones de derechos civiles— advierten que podría dificultar el acceso al voto de millones de ciudadanos, especialmente mujeres con cambios de apellido, votantes de bajos ingresos o residentes en zonas rurales que no disponen fácilmente de la documentación requerida, reavivando así el profundo debate político en Estados Unidos entre seguridad electoral y acceso al sufragio en un contexto de alta polarización de cara a las próximas elecciones.

2. Suiza: El país votará en referéndum una iniciativa antiinmigración de la derecha populista para limitar la población a 10 millones

Suiza celebrará en junio un referéndum impulsado por la derecha nacionalista que busca restringir la inmigración y el asilo con el objetivo de que la población del país no supere los 10 millones de habitantes antes de 2050, en un contexto de creciente presión política sobre este tema en Europa. La iniciativa, promovida por el Partido Popular Suizo (SVP/UDC), plantea incluso anular el acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea si no se logra renegociarlo y si durante dos años se rebasa ese umbral demográfico, lo que podría afectar de forma significativa la relación bilateral con Bruselas.

Actualmente Suiza cuenta con unos 9,05 millones de habitantes —una cuarta parte extranjeros, en su mayoría procedentes de países de la UE— y los promotores sostienen que la inmigración genera presión sobre la vivienda, las infraestructuras, los servicios sociales y la seguridad, argumentos que sus críticos consideran exagerados o con tintes xenófobos.

El Gobierno federal, los principales partidos no nacionalistas y las organizaciones empresariales rechazan la propuesta al advertir que dañaría la economía, pondría en riesgo los acuerdos con la UE y dificultaría la llegada de mano de obra necesaria para la prosperidad del país, mientras algunas encuestas sugieren que la iniciativa podría tener respaldo ciudadano suficiente para ser aprobada.

3. Bangladés vota en unas elecciones cruciales tras las revueltas de la Generación Z

Bangladés celebra unos comicios considerados decisivos para su futuro político después de las protestas masivas lideradas por jóvenes en 2024 que derrocaron al gobierno de Sheikh Hasina tras años de cuestionamientos democráticos y una violenta represión que dejó alrededor de 1.400 muertos.

Desde entonces, un gobierno interino encabezado por Muhammad Yunus ha administrado el país hasta esta votación, en la que participan unos 128 millones de electores con la expectativa de restablecer la normalidad institucional y definir un nuevo rumbo tras un periodo de fuerte inestabilidad.

El opositor Partido Nacionalista de Bangladés aparece como favorito frente a otras coaliciones —incluidas fuerzas islamistas y grupos surgidos del movimiento estudiantil— en una contienda con más de 2.000 candidatos por los escaños parlamentarios y sin participación del partido de Hasina, hoy proscrito.

La elección, la primera tras una revuelta impulsada por la Generación Z, busca legitimar un nuevo sistema político y se celebra junto con propuestas de reformas institucionales como límites al mandato del primer ministro y mayor independencia judicial.

Con largas filas en los centros de votación y una participación significativa, el proceso es observado con atención internacional porque su resultado determinará la estabilidad de este país de 175 millones de habitantes y su orientación geopolítica en un contexto de interés de potencias como Estados Unidos y China.