En su corta vida, la Corte del acordeón ha resuelto favorablemente seis casos relativos a reformas y decretos emitidos por el expresidente López Obrador. Lo extraño es que sean seis de seis
DIP. JULIO CÉSAR MORENO RIVERA,
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA,
CÁMARA DE DIPUTADOS:
A los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se les acabó el gusto. Hasta ayer estaban de plácemes con sus nuevas camionetas de lujo blindadas.
En teoría, la adquisición obedeció a que los autos que tenían asignados ya no cumplían con los estándares de seguridad; supuestamente, la normativa indica que, si después de cuatro años de uso el motor ya no responde adecuadamente, debe cambiarse el vehículo.
Se trataba, según el Poder Judicial, “de un gasto responsable”, aunque sería mucha coincidencia que todos los nueve vehículos estuvieran en malas condiciones. Como sea, las camionetas adquiridas cuentan con todos los gadgets de la modernidad, como pantalla de 10 pulgadas en el parabrisas, sistema de sonido premium e interiores de piel.
Como que tales adquisiciones no cuadran con el posicionamiento del ministro presidente, Hugo Aguilar, quien nada más tomar posesión en septiembre pasado anunció que se aplicarían recortes presupuestales para cumplir con la “austeridad republicana”. Las críticas sobre las camionetas fueron tan acres que el día de ayer la SCJN informó que los ministros decidieron “no usar los vehículos adquiridos. Ha de ser…
Y en lo que respecta a su desempeño, don Julio, éste tiene algunos bemoles.
Quien ha dado mucho de qué hablar en la Corte ha sido la ministra Lenia Batres, cuya dudosa preparación jurídica la lleva a hacer propuestas bizarras. Recientemente, tuvo a bien plantear la anulación de “la cosa juzgada”, es decir, reabrir casos en los que ya se había dictado sentencia final. La propuesta resultaba absurda pues entonces los litigios serían interminables y la certeza jurídica se iría al bote de la basura.
Su proyecto fue rechazado por el resto de los ministros e incluso criticado por la presidenta Sheinbaum, pero doña Lenia se empecinó en que prevaleciera una figura extraña: que se pudieran reabrir los casos en que se diera “la cosa juzgada fraudulenta”. La pregunta es quién determina o investiga el fraude. Cabe destacar que es la primera vez en la historia de la Corte que un ministro se rehúsa a ajustar su texto ante el voto de la mayoría.
En su corta vida, la Corte del acordeón ha resuelto favorablemente seis casos relativos a reformas y decretos emitidos por el expresidente López Obrador. Lo extraño es que sean seis de seis.
Uno de ellos fue la reforma que faculta a la consejera presidenta del INE a designar al personal de su agrado en las direcciones del organismo, sin tener que pasar por la aprobación del Consejo General. Como recordaremos, Guadalupe Taddei mantuvo en la Secretaría Ejecutiva a un encargado del despacho, porque la persona postulada no reunía los requisitos a decir del propio Consejo. La Secretaría Ejecutiva es el cargo más alto y de mayor responsabilidad en la jerarquía del INE, después del Consejo y no olvidemos que en el Instituto las decisiones son colegiadas.
Otro fallo que llama la atención es que la Corte aprobó el decreto lopezobradorista mediante el cual se topan las comisiones que las AFORES cobran a los usuarios. Lo que en principio podría sonar favorable a los trabajadores se emitió sin consideraciones financieras y se hizo por razones ideológicas, don Julio. Recordemos también que, en su momento, el exmandatario quería estatizar los fondos de retiro y echarles la mano para su obras faraónicas. Por otra parte, topar las comisiones elimina un elemento de competencia entre las AFORES.
La 4T, que tanto presume de humanista, eliminó de la Ley General de Víctimas un artículo que garantizaba un presupuesto razonable para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pudiera llevar a cabo la reparación integral del daño.
Uno de los fallos más controversiales es el que dio por buena la decisión lopezobradorista de eliminar 109 fideicomisos, con una bolsa de 68 mil millones de pesos. La eliminación supuestamente obedecía a que los fideicomisos eran manejados de mala manera, pero el caso es que no hay ningún detenido por corrupción.
Otro fallo criticable es el que rechaza la inconstitucionalidad de unos artículos de la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestros, mediante los cuales los egresados de normales públicas, la Universidad Pedagógica y los centros de actualización del magisterio tendrán primacía para acceder a las plazas disponibles. O sea, no se trata de contar con los mejores docentes en condiciones de igualdad de competencia, sino de congraciarse con Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora magisterial.
Pero eso sí, el ministro Aguilar se llena la boca diciendo que la Corte está dispuesta a “a ir más allá de los expedientes, de la burocracia y de la indiferencia para lograr una justicia que transforma la vida de las personas”.
Y luego se quejan de que la Reforma al Poder Judicial sea vista como lesiva para el país.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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