Bernardo Bravo: la extorsión más allá del limón y de Michoacán

El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez nos hiere por su brutalidad; porque no es un caso aislado y porque nos recuerda que la extorsión a los productores de limón de Michoacán sigue ahí. Quizá fuimos irresponsables al dejar de hablar de ella, como si fuera un tema superado.

Hace dos años, eran noticia los limoneros de Apatzingán porque anunciaron un paro que provocó la escasez y el encarecimiento del limón a nivel nacional. Se hartaron del control de los grupos criminales y de la inacción de las autoridades. Alzaron la voz y bajaron los brazos. Provocaron una reacción del Gobierno y la visita de la Guardia Nacional a su territorio.

26 meses después, la extorsión sigue ahí. Los malandros no han dejado de exprimir a los productores. El 23 de septiembre pasado, Los Viagras anunciaron que la cuota que cobrarían por kilo de limón pasaba de 2 a 4 pesos. “Al que no pague, ya sabe lo que le pasa”, sentenciaron. Vaya que lo saben. Van cinco productores asesinados en los últimos 14 meses en esa zona.

Esa región es especial porque ahí se concentra el 70% de la producción nacional de limones. Son alrededor de 850,000 toneladas anuales. Si por cada kilo que se produce ahí le pagan dos pesos a Los Viagras, eso implica un ingreso para los criminales de 1,700 millones de pesos al año. Con el incremento exigido, el negocio de la extorsión en esa zona podría llegar a 3,400 millones de pesos anuales, alrededor de 15 millones de dólares mensuales.

¿Cómo y dónde se lava todo ese dinero? ¿Qué hace la Unidad de Inteligencia Financiera? Cada vez que un ciclo de extorsión y lavado de dinero concluye con impunidad, tenemos un empoderamiento del grupo criminal. Se torna más peligroso porque tiene más recursos para comprar armas, municiones y para sobornar a quienes deberían perseguirlos o encarcelarlos.

Más allá de la detención de ese hombre al que apodan El Pantano, presunto autor material del asesinato de Bravo Manríquez, la pregunta es: ¿qué van a hacer las autoridades para reducir drásticamente la extorsión a los productores del campo… en Michoacán y en todo el país? La detección del circuito de lavado de dinero es clave para mitigar el poder de las bandas criminales.

La extorsión nos afecta a todos. Narcoinflación. Hace un poco más de dos años descubrimos o inventamos ese neologismo. La extorsión representa entre 10 y 20% del precio de algunos productos agroalimentarios, dice el Consejo Nacional Agropecuario. Quizá sea más. Al cobro que se hace a los productores del campo, hay que agregar lo que se les paga a los extorsionadores en actividades de transporte y almacenamiento; en la venta al público en las tiendas o en los restaurantes. Narcoinflación. La palabra es fea, pero la realidad que nombra es horrible: una parte de lo que pagamos por algunos productos que consumimos va a parar a grupos criminales. Nosotros contribuimos a que esa rueda siga girando.

En su reacción al asesinato del líder de los productores limoneros, el Consejo Nacional Agropecuario sentencia: “La violencia y la inseguridad que aquejan al campo mexicano no sólo representan una amenaza directa para los productores y sus familias, sino también para la seguridad alimentaria del país”.

¿Por dónde empezar? El planteamiento del CNA es valiente, pero algo abstracto. Buscando algo más concreto me encontré con una nota de Emmanuel Ruiz, publicada en El Sol de Cuautla en julio pasado. Allí, Andrés Cosset, valiente vocero de la Junta Soberana de Anenecuilco en Morelos, nos ofrece algunas pistas: las extorsiones afectan a los viveros de Cuautla, a los productores de peces en Tepaltzingo, citricultores de Chinameca y Zacualpan de Amilpas y a los cañeros de la región.

¿Por qué me llama la atención esta nota fechada en Anenecuilco? Es una población situada a 16 kilómetros de la Ciudad de México. Las aguerridas palabras de Andrés Cosset son un recordatorio de que uno de los focos más rojos de la inseguridad en el campo está a menos de hora y media en coche del centro de la Ciudad de México.