De la escasez, encarecimiento, ocultamiento, sobreprecios y chantajes se tienen a los culpables, la gran mayoría de ellos son funcionarios públicos de los gobiernos anteriores a 2018
El doble discurso de la oposición se convirtió en esquizofrenia o, por lo menos en una doble personalidad, de película de terror.
La desmemoria de la oposición es una falta de respeto a la población que sabe que es la única responsable de la falta de medicamentos.
En más de una ocasión cerraron calles, accesos al aeropuerto, encabezados por el supuesto líder de los padres de niños con cáncer, un tal Israel Rivas, autodenominado presidente de la asociación fantasma, Movimiento Nacional de la Salud, quien afirmaba que su lucha no era política y resultó ser un panista de Chiapas, quien empezó diciendo que su hija con cáncer no tenía medicamentos y luego dijo que se trataba de un hijo. Ni siquiera pudo memorizar sus mentiras.
La principal causa de la escasez de medicamentos contra el cáncer, los más caros del mercado se debió a la intermediación de personas como el ex rector de la UNAM, José Narro Robles; el ex gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, actual propietario de la agencia de noticias Latinus; su hijo, Federico Madrazo, está vinculado a contratos y empresas del sector salud; el priista Manlio Fabio Beltrones, entre otros funcionarios públicos que integraron el “Cártel de las Medicinas”, que operaba a través de las siguientes empresas: Dicipa, S.A. de C.V., Antes llamada Distribuidora Científica Pallach, la cual recibió más de 241 millones de pesos en contratos.
En 2022, el poder de representación fue otorgado a Emiliano Gaxiola Guerrero, cercano a Roberto Madrazo.
Otra empresa involucrada en el encarecimiento y escasez de estas medicinas fue, Hova Health, S.A. de C.V., constituida en 2011, para operar triangulaciones.
También la empresa Movimedical, fundada en 2009, por los hermanos Nickin Gaxiola: Alexis, Michel, Harvey y Morrey. Se dedica a distribución de equipo médico y escolar.
El Grupo Empresarial Liniga, S.A. de C.V., cuyo objeto social incluye fabricación y maquila de productos farmacéuticos, vacunas y hemoderivados.
Operaban adquiriendo razones sociales inactivas, para modificar su giro y operar en Salud. Usaban prestanombres y familiares para ocultar la propiedad real.
Las empresas operaban en al menos 15 estados, incluyendo Estado de México, Tabasco, Veracruz y Sonora.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que a partir del 1 de octubre las empresas farmacéuticas que obtuvieron contratos cumplan con la entrega de medicamentos, de no ser así, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno comenzará a sancionarlas por incumplimiento.
Esto debido a que, sin importar la deuda del gobierno hacia algunas de estas empresas, se concretó un acuerdo de compra venta, con tiempos precisos para la entrega y ahora quieren condicionar la entrega de los medicamentos al pago de la deuda, cuando son asuntos que nada tienen que ver uno con otro.
Cualquier proveedor del gobierno sabe que este tipo de acuerdos son comunes en los contratos, las cantidades de mercancía y dinero, mueven a posponer pagos de deudas, pero no de entrega de lo adquirido por el gobierno.
Existe una denuncia de Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica sobre un adeudo de 14 millones de pesos, al señalar que existe diálogo abierto con las compañías y que el plan es cubrir los pagos pendientes, de inmediato.
“Si hay deudas se pagan, no hay ningún problema para pagar las deudas, se está haciendo una revisión y hay pláticas con todas las empresas para ver la forma en que se van a ir saldando las deudas de 2024, que todavía a hay unos pagos que se tienen que hacer”, señaló la Presidenta quien se refirió también a las investigaciones que ha realizado Cofepris en la compra de medicamentos por parte de los centros de la salud en México, y es que de acuerdo con Sheinbaum, se han detectado complicidades entre médicos y farmacéuticas para adquirir medicamentos a sobreprecio.
De la escasez, encarecimiento, ocultamiento, sobreprecios y chantajes se tienen a los culpables, la gran mayoría de ellos son funcionarios públicos de los gobiernos anteriores a 2018.
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