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El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) detalló el ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico
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Bomberos de la Ciudad de México rescataron a nueve personas que se quedaron atrapadas en un elevador de la Torre Latinoamericana
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Nacional Instalan antimonumento en memoria de periodistas asesinados en México
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La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) detalló que se mantienen las mesas de negociación con Aeroméxico

Los tiempos actuales revelan, más que nunca, la necesidad de abatir la impunidad. Esta insuficiencia afecta todos los planos de la vida nacional y amenaza con desestabilizar la paz social y la civilidad. La corrupción persiste como uno de los grandes males y siempre remite a la incapacidad de las instituciones para sancionar el abuso y el crimen. Pueden invocarse muchas causas de la delincuencia, pero ninguna tan determinante ni tan urgente de atender como la impunidad.

La Suprema Corte es la institución del Estado mexicano pilar de la vigencia constitucional. No es ni debe ser una instancia del quehacer político al servicio de una visión particular del país. Su tarea es estrictamente jurisdiccional y de técnica jurídica, aun cuando sus decisiones puedan o no entrañar consecuencias políticas. Hoy depositamos nuestra confianza en que el nuevo poder judicial federal y la Corte comprendan los términos de su inequívoca responsabilidad, evitando que su desempeño sea rehén de visiones ideológicas que desafortunadamente imperan en otras áreas de la vida pública.

Trascender la polarización representa el mayor desafío para la justicia. El diálogo, el entendimiento y el acuerdo se han estigmatizado; el llamado a la concordia cae en el vacío, incluso por parte de quienes ejercen el poder. Las libertades están amenazadas y nada es más urgente que un sistema de justicia confiable para protegerlas y hacerlas valer. Esa confianza sólo puede nacer del respeto a la diversidad social y la pluralidad política, sobre la base del cumplimiento estricto de la ley.

El resultado de las investigaciones de la Fiscalía a la importación ilegal de combustibles confirma la descomposición institucional que, como nunca en nuestra historia, estamos testimoniando, pues no hay un precedente de esta magnitud; así mismo, desnuda el deterioro de las prácticas y valores de la civilidad democrática. Al frente de ello, la presidenta Sheinbaum, el fiscal Gertz Manero y el secretario García Harfuch están actuando con decisión. Destacan también las palabras del almirante Morales Ángeles, su exhorto marca ruta. Reconocer la verdad para enfrentar el problema significa no dar espacio a la impunidad. Esa es, en esencia, la tarea fundamental del sistema de justicia.