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El oficio quedó archivado bajo el número consecutivo 010706 y llegó justo cuando Gerardo Fernández Noroña inicia la cuenta regresiva de su periodo como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Solo lo rubrica Rafael Alejandro Moreno Cárdenas.

Una postura personal que —se entiende— avala el resto de la bancada tricolor en la Cámara Alta. Aunque el también presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI no quiso involucrar a sus compañeros en su exigencia irreductible: la renuncia inmediata de Adán Augusto López Hernández a la presidencia de la Junta de Coordinación Política y a su escaño, como senador de la República.

Ambos exgobernadores han tenido un año de convivencia forzada, en el recinto legislativo. Un periodo que se extiende —en la resultante— del trato que hubo entre ambos, cuando el campechano estuvo al frente de la bancada priista en San Lázaro y simultáneamente –como ahora—del CEN tricolor mientras el tabasqueño ocupó el despacho principal del Palacio de Covián: prácticamente nulo.

“Su presencia es inaceptable en el Senado”, juzgó el parlamentario peninsular, quien actualmente atraviesa por su propio berenjenal. Hace una semana, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche solicitó su desafuero, tras de imputarle uso indebido de atribuciones y peculado por el probable desvío de 83.5 millones de pesos. La Secretaría General de la Cámara baja recibió cuatro carpetas de investigación y ahora la Comisión Instructora deberá resolver la procedencia del juicio político.

A un mes del reinicio de actividades en el Congreso de la Unión, Moreno Cárdenas decidió endurecer su postura y hacer público sus embates contra el coordinador morenista, tras de que, por tercera ocasión consecutiva, la presidencia de la Comisión Permanente impidiera que llegara a la tribunal el caso del exsecretario de Seguridad Pública tabasqueño, Hernán Bermúdez.

“Las acusaciones en su contra han logrado que la percepción internacional de nuestro país se haya visto deteriorada, hasta llegar al extremo de que México hoy es considerado un Narco-Estado, con un Narco-gobierno”, suscribió en los párrafos finales de su carta, de tres cuartillas.

“Y lo más grave: pretende seguir conduciendo los trabajos del Senado como si nada estuviera pasando, como si los señalamientos no existieran, como si lo ciudadanos no tuvieran derecho a saber la verdad”, recriminó. “El Reglamento del Senado es muy claro: la honorabilidad, la responsabilidad política y la ética pública son condiciones para el ejercicio dela representación proporcional. La Ley Orgánica del Congreso también lo dice: los senadores responden ante la Nación, no ante su grupo político”.

Además de su emplazamiento a López Hernández, el dirigente nacional del PRI presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La denuncia, detalló Alito en una conferencia de prensa en el Patio del Federalismo, incluye a gobernadores, exgobernadores y líderes de Morena, por presunta protección a grupos criminales, corrupción en contratos públicos y coordinación del llamado huachicol fiscal.

Efectos secundarios

URGENCIA. Cuando se reanuden los trabajos legislativos, deberá sancionarse la propuesta de disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas. México trabaja más que el promedio de América Latina: 2,226 horas al año por persona, frente a las 1,751 en Chile y Colombia, que ya aplican esquemas laborales más cortos, sin sacrificar productividad. Un dato que debería preocupar: uno de cada cuatro colaboradores en México sufre de burnout por extensas jornadas, lo que disminuye su productividad en al menos un 10%. La reducción de horas, bien gestionada, puede traducirse en mayor eficiencia y menor rotación, sostiene Andrés Gómez, CEO de la plataforma tecnológica Buk México.

ENCUENTROS. Diplomáticos de una docena de países latinoamericanos han confirmado su participación en los diálogos por un comercio y un turismo transformador, que reunirá el próximo fin de semana en la Casa Michoacán, de Morelia, a diplomáticos, expertos en desarrollo, representantes comunitarios y organismos internacionales enfocados en la cooperación regional, diplomacia ambiental y transformación económica desde lo local.