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Al arranque, la entrega-recepción del INAI a la SABG fue engorrosa, particularmente por el conflicto laboral espoleado por las integrantes del Pleno, que se negaron a firmar el acuerdo que proponía un esquema de finiquitos. Una lectura literal del artículo quinto transitorio del decreto y una improbable sanción de la Auditoría Superior de la Federación fue su pretexto.

Un bloque de empleados del Instituto –integrado por los trabajadores de base y los integrantes del servicio profesional— bloquearon distintas vialidades y se plantaron en la sede central de la dependencia federal, en demanda de una solución. La secretaria Buenrostro, sin concesiones, exigió a los comisionados del INAI frenar esas movilizaciones y encausar los reclamos al lugar que ellos –por sus desacuerdo—decretaron: el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Apenas dos semanas tomó la liquidación del INAI. Formalmente iniciaron cuando fueron publicados los lineamientos de trabajo del comité de transición y ante la beligerancia de los ex trabajadores, la secretaría Buenrostro decidió no participar directamente en el proceso, que condujo el subsecretario Alejandro Encinas Nájera.

Los ex comisionados del inai y los integrantes del comité de transición designados por esa instancia cobraron un mes más de sueldo y su liquidación, aunque dos de las comisionadas estuvieron fuera de la Ciudad de México, por motivos personales.

La entrega de las liquidaciones del personal que fue cesado tuvo lugar las dos primeras semanas de este mes y concluyó formalmente a las 6:30 horas del pasado sábado 12 de abril, con la entrega de 699 cheques por la terminación de la relación laboral. Y justo el martes 15 –en vísperas del receso de Semana Santa— una comisión de ex trabajadores del INAI y los integrantes del comité de transición, del que formaban parte los cuatro comisionados, acudieron al auditorio central de la SABG para rendir cuentas a la secretaria.

Después de un mes de trabajo “arduo, pero ejemplar”, ya no hubo espacio para los reclamos o las críticas. “La circunstancias nos han puesto en este camino, pero reconozco y agradezco todo el trabajo que han realizado”, dijo Buenrostro, quien –de acuerdo con testigos de ese encuentro—anunció que antes de concluir la semana se anunciará quién quedará al frente de Transparencia para el Pueblo.

Hasta entonces, advirtió, se integrará la plantilla laboral del el órgano desconcentrado, que tendrá solo 40% de las plazas que tuvo el INAI.

Arreglados, por extinción, los asuntos del INAI, ahora la SABG deberá revisar la situación imperante en el Sistema Nacional Anticorrupción donde las disputas administrativas tapan la exasperante división interna. Su primera entrada al caso será el requerimiento del acta entrega-recepción a la presidenta saliente del comité de participación ciudadana del SNA Magdalena Rodríguez.

Los últimos dos titulares de esa instancia, Rodríguez Castillo y su antecesor, Francisco Raúl Álvarez Córdoba, hicieron entrega del documento, en los términos de las disposiciones aplicables.

La queja quedó radicada en la Secretaría de Gobernación, según consta en el folio 33532/2025/PPC/SEGOB/DE166 que refiere al oficio SABG/OICSEGIV/ORSESNA/90/006/2025.

Instaurado hace ocho años, el CPC del SESNA está conformado por cinco ciudadanos que han gozado de prerrogativas —pasajes, vehículos, celulares, estructuras—, no obstante la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, expresamente establece que no gozarán de ninguna prestación.

“Durante años han insistido en esas prerrogativas y hoy tenemos conocimiento de que la nueva presidenta Vania Pérez, no es la excepción”, se quejan trabajadores de esa instancia.