La olvidadiza normalidad

Desde fines de 2024, México tiene una nueva constitución, cualitativamente distinta de la que tenía.

El nuevo código fundamental puede describirse de muchas maneras, pero su esencia es la legalización de un poder incontestable, sin contrapesos, ni división de poderes.

Constitucionalismo autoritario, le llaman algunos, o autoritarismo constitucional. Quizá es más exacto usar la palabra que no queremos usar: estamos frente a una dictadura constitucionalizada.

Apenas se habla de eso.

Esa dictadura no se ha hecho realidad, no vivimos en una dictadura, pero la arquitectura legal de la dictadura está ya inscrita en la Constitución y lo previsible es que se vaya haciendo realidad.

Es lo que hace el gobierno: traer esa dictadura escrita a la realidad, completarla legal y políticamente.

Todos los días tenemos noticias de los avances de la reforma judicial prevista en la Constitución, una elección por voto directo de jueces, magistrados y ministros, incluyendo en el paquete un llamado “tribunal de disciplina” que vigilará a todos los miembros del Poder Judicial. Los miembros de este Tribunal Disciplinario, cuyos no serán elegidos, sino designados. ¿Por quién? Por la mayoría gobernante y su representación en el Congreso.

Lo que la “elección judicial” anuncia es una pieza clave del país autocrático previsto en la nueva Constitución. Parirá un Poder Judicial controlado por el gobierno, “legitimado” por unas “elecciones” que el gobierno organiza y controla, y que sólo el gobierno sabe cómo serán.

Todos los días llueven noticias de proyectos de ley o de leyes autocráticas.

La semana pasada supimos que ya hay una ley según la cual la Suprema Corte no podrá declarar inconstitucional ninguna ley aprobada por el Congreso y que no será posible ampararse contra ellas.

Antes de eso, supimos que el gobierno podrá quedarse con recursos del Infonavit que no son suyos, y exentar de transparencia a la Sedena, a Pemex y a CFE en su manejo de los recursos públicos que gastan.

Ayer, 9 de abril de 2025, en una sola votación, la mayoría oficialista del Senado nombró a los magistrados de todos los tribunales electorales locales del país, todos afines al gobierno.

La dictadura está en las leyes, pero baja poco a poco a la vida política, al amparo de nuestra olvidadiza normalidad.