El desmantelamiento del Poder Judicial pasará también de noche en la discusión general, pero no será ignorado por los tomadores de decisiones económicas
Lo encontrado en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, movilizó de inmediato al gobierno federal, porque el impacto mediático y los relatos constituían un duro golpe a la imagen del régimen.
El intento de control de daños fue inmediato, fue tan rápido como el que han desplegado para responder a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo mismo comerciales, que migratorias y hasta militares.
Las desapariciones de personas son un problema muy doloroso que se dejó crecer durante todo el sexenio pasado y ahora genera dolor e indignación nacional. Habrá que ver cómo salen de esa.
Pero, por lo pronto, en el otro frente de atención pública, en el de la respuesta a la agresiva política de Trump hay buenos dividendos en materia de imagen.
La presidenta, Claudia Sheinbaum, cuenta con dos personajes clave para que haya incluso buenas reacciones de muchos funcionarios del gobierno estadounidense, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
El modelo Kalimán de Sheinbaum empatiza con su clientela política y gustó en La Casa Blanca, así que esa estrategia va bien.
Pero, hay muchos asuntos importantes que no por pasar desapercibidos ante la opinión pública, no son de trascendencia para el desempeño de la economía.
La desaparición de los organismos autónomos, como el INAI, tienen un peso muy grande entre los que toman decisiones de inversión.
Para la clientela de la Cuarta Transformación suena mejor un organismo de Transparencia para el Pueblo, que además queda bajo la tutela de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Evidentemente que la feligresía aplaude a rabiar, como lo hizo en su momento con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, nombrezazos producto del más ruin populismo lopezobradorista.
Pero, para los que entienden que el régimen está en pleno desmantelamiento de las estructuras democráticas y que son hechos consumados, lo que genera es desconfianza, incertidumbre y cancelación de inversiones.
El pináculo del autoritarismo en construcción será la desaparición del Poder Judicial autónomo a través de la anticipadamente fracasada elección de jueces del 1 de junio.
El costo económico-financiero de acabar así con la división de poderes hoy se puede ver solamente en las previsiones del comportamiento del Producto Interno Bruto.
Los estimados del comportamiento económico de este año son negativos cuando se incorpora el efecto de los aranceles, pero son cercanos a cero cuando sólo se toma en cuenta el desmantelamiento institucional y los problemas de las finanzas públicas.
Será tema de preocupación nacional cuando sus efectos se noten en la creación de empleos, en el bolsillo de los consumidores, en la economía de carne y hueso.
La gravedad de esta destrucción democrática no es asunto de conversación de la opinión pública, porque la narrativa se mantiene bajo un control oficial, porque la oposición es inepta y negligente, y porque entender los efectos devastadores de la falta de contrapesos implica un pensamiento abstracto.
La desaparición del INAI el viernes fue uno de los más duros golpes que ha recibido el México democrático que construíamos y pasó prácticamente desapercibido.
El desmantelamiento del Poder Judicial pasará también de noche en la discusión general, pero no será ignorado por los tomadores de decisiones económicas.
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