¿Tendrá derecho el gasolinero de la frontera a subir su precio al máximo permitido? ¿Será rentable llevar gasolina a los rincones más complicados de México?
El precio de la gasolina está atrapado en los problemas que tarde o temprano trae el populismo.
Por un lado, este régimen, el extendido de López Obrador, hizo del precio de las gasolinas un arma de destrucción política de la poca popularidad que le quedaba al gobierno de Enrique Peña Nieto en el 2016 cuando, con una descomunal torpeza, puso en marcha el proceso de liberación de los precios de estos combustibles.
Encendió a los ciudadanos que rápidamente se subieron al tren de que el precio libre de las gasolinas era un atentado conta la economía popular cuando en realidad el consumo de estos energéticos tiene un alto componente elitista.
Sobre esa misma descarada ola populista, López Obrador prometió bajar el precio de las gasolinas a diez pesos por litro. Lo que no sucedió, pero que pudo haberse acercado a ello, así fuera de manera temporal, si no fuera por otra barbaridad populista que ha arrastrado México por muchas décadas.
Uno de los principales componentes del precio al consumidor de las gasolinas son los impuestos, en especial el llamado Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que es un gravamen excesivamente alto en éste y otros productos.
Si el Estado está obligado a mantener esta tasa tan alta de impuesto en las gasolinas es porque ha sido incapaz de cobrar el impuesto al consumo, el IVA, en una larga lista de productos que se mantienen exentos por razones meramente político-electorales.
El cobro del IEPS es indispensable para cumplir con las metas de recaudación ante los boquetes del IVA.
Es una política más de izquierda permitir que se paguen más impuestos mientras más se consume y que los combustibles no tengan ningún tipo de subsidio, ni por precio controlado, ni por exención de impuestos, ni por un “acuerdo voluntario” de los gasolineros.
Lo que el régimen está por imponer a los distribuidores de gasolinas es un control de precios disfrazado que sólo acabará por afectar a los consumidores.
Las pocas compañías privadas que quedan en el negocio de la venta de gasolina al por menor tendrán dos caminos, o dejar el mercado, o dejar de vender gasolinas que mejoran con aditivos que agregan valor a los combustibles de Pemex.
Así que, lo que sí hace un control de precios disfrazado de acuerdo voluntario es fortalecer el monopolio de Pemex, porque a esa empresa que alguna vez fue designada como productiva del Estado, poco le importan las pérdidas o las ganancias derivadas de los cambiantes precios internacionales.
Sin dejar de atender a la realidad de los abusos, que sí se dan en algunas estaciones de servicio, fijar un precio de 24 pesos por litro, desconoce las condiciones hasta geográficas del país.
Por simples costos de logística, no es lo mismo despachar un litro cerca de los puntos de importación de la gasolina texana que vender el combustible en alguna isla del caribe.
¿Tendrá derecho el gasolinero de la frontera a subir su precio al máximo permitido? ¿Será rentable llevar gasolina a los rincones más complicados de México?
Vaya que aquello del gasolinazo le redituó en términos electorales al régimen actual, pero este tipo de modos acaban tarde o temprano por revertirse.
Minuto a minuto
