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En vista de la inexplicable y calamitosa victoria electoral de un delincuente declarado, un acosador sexual, un supremacista blanco —aunque su apariencia sea anaranjada— un misógino racista, llamado Donald Trump, a reserva de ampliar mi comentario a posteriori de lo que a priori me parece un síntoma de la decadencia del imperio norteamericano; hoy prefiero ocupar el espacio que El Economista me brinda para informar de sendos congresos de sociedades y asociaciones de gestión, cobranza y protección de los derechos de autor que se están celebrando en nuestro país desde el pasado martes y hasta el día de hoy.

Le correspondió a la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) de la cual, no están ustedes para saberlo pero yo sí para contarlo, soy presidente del Consejo Directivo, ser la anfitriona de ambas asambleas correspondientes a la Federación de Sociedades de Autores Audiovisuales Latinoamericanos (FESAAL) y a la Audiovisual Authors, Internacional Confederation (AVACI).

Para participar en ambas reuniones recibimos casi 100 autoras, autores y representantes de 20 países de Latinoamérica, Europa, Asia y África.

Hicieron acto de presencia delegaciones de países distantes, no sólo geográficamente, sino idiosincráticamente, como Finlandia, Eslovenia, Croacia, India, Corea y Madagascar, todas con el objetivo de defender los derechos autorales de las creadoras y los creadores de piezas audiovisuales que se proyectan en los cines, y se transmiten en las televisoras y plataformas de streaming de todo el mundo.

Cada uno de los países asistentes tienen diferentes legislaciones que rigen los derechos autorales. Por lo tanto, no todas las asociaciones o sociedades asistentes son iguales. Algunas apenas inician, hasta donde se los permite su ley nacional en la materia, el cobro y defensa de un derecho que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 27, párrafo 2 se lee: ‘Toda persona tiene derecho a la protección de intereses morales y materiales que les correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de las que sea autor’. Al referirse a los intereses morales se refiere al crédito o reconocimiento de autoras o autores siempre que se proyecte, edite o represente su obra. Al aludir los intereses materiales está describiendo los derechos patrimoniales, es decir la propiedad de la obra y derecho a un estipendio.

Gracias a la labor desarrollada por los dirigentes que me precedieron, así como a la firmeza y rigor de nuestra negociadora, la licenciada Gloria López, la sociedad que presido goza de una buena y bien ganada fama en al ámbito internacional. Ello a pesar de que nuestra Ley Federal del Derecho de Autor es un tanto cuanto laxa y ambigua. Algunos artículos parecen diseñados por el enemigo, sobre todo aquellos que principian con la leyenda: ‘Salvo pacto en contrario’ que puede interpretarse como un ‘Arriba las manos. Esto es un asalto’ contra las autoras y autores. Un ejemplo, el artículo 83 que dice: ‘Salvo pacto en contrario la persona física o moral que comisione la producción de una obra o que la produzca con la colaboración remunerada de otras, gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la misma y le corresponden las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de colección sobre este tipo de creaciones’. Con este galimatías lo que la ley, disfrazada con retórica, establece es la figura del pago único de obra por encargo, como se les paga a los creadores estadounidenses cuya comparación de emolumentos entre unos y otros no son comparables.

Contra la permisión del pago único, por el reconocimiento y respeto hacía las autoras y los autores del planeta es la lucha de FESAAL y AVACI

Punto final

La traducción simultánea en éstos eventos hace que lo que yo pienso decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que los demás quieren oír, lo que oyen, lo que creen entender, y lo que en realidad entienden, provocan ocho posibilidades de no entender nada.