Minuto a Minuto

Ciencia y Tecnología Los planes de contingencia para el amerizaje de Artemis II
La Fuerza Aérea tiene aviones militares C-17 listos, que se suman a dos helicópteros de la Marina que recogerán a los astronautas tras su amerizaje
Internacional Más de seis mil 200 niños han sido detenidos en centros para migrantes en EE.UU. en el último año
Cientos de ellos han pasado por el centro de detención para familias en Dilley, al sur de San Antonio, donde actualmente están retenidas casi 400 personas
Ciencia y Tecnología Casos de Parkinson en México podrían aumentar hasta un 171% para 2050
Especialistas advirtieron que los casos de Parkinson en México podrían aumentar hasta un 171 % para 2050, muy por encima del promedio global
Nacional Gobierno federal concluye proceso de reparación integral por descarrilamiento del Tren Interoceánico
La Segob aseguró que la "reparación integral no se limitó a una compensación económica"
Internacional Israel afirma que alto al fuego con Irán no incluye conflicto con Hezbolá
El gobierno israelí también responsabilizó al Estado libanés por no cumplir con sus compromisos de desarmar a Hezbolá

“Ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México”, ha dicho la presidenta Sheinbaum.

Demasiado decir.

Sus palabras se refieren a la jueza Nancy Juárez, quien ordenó la semana pasada que fuera eliminado del Diario Oficial de la Federación el decreto que contiene la reforma al Poder Judicial, reforma que se ha vuelto el punto álgido de la transición política de México hacia un cambio de régimen constitucional.

La jueza no se privó de poner un retintín a su mandato, recordando que la pena por incumplimiento podía ser de tres a nueve años de prisión o la destitución del cargo.

La Presidenta y sus expertos determinaron que la jueza no tenía facultades para emitir ese mandato. Podían haber tomado el camino de la ley, impugnar el recurso de la jueza y seguir el curso del litigio.

No sabemos si lo hicieron, si tomaron el camino de la lógica legal que les permitirá ganar tiempo y eventualmente validar su punto de vista.

Lo que vimos es que la Presidenta en persona tomó el camino de la confrontación política. Se negó de frente y en público a acatar el mandato judicial que tenía enfrente y amenazó a la jueza con un juicio político que conduciría a su cese y a su inhabilitación como jueza.

De llevarse a cabo, el juicio político tendría lugar en el Congreso, donde la Presidenta tiene mayoría para imponer su castigo.

El desacato presidencial al mandato de la jueza corre parejas en el tiempo con la iniciativa de la Suprema Corte de dar entrada a la posibilidad de revisar la constitucionalidad de la reforma judicial.

Se sabe que la oposición a la reforma tiene mayoría de ocho ministros en la Corte, suficientes para declarar su inconstitucional .

Anticipándose a esa posibilidad, la Presidenta añadió a su desacato a la jueza el desacato a una posible revisión adversa de la Corte.

Y así llegó a la formulación final de desacato urbi et orbi con que empieza esta columna:

“Ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México”. Demasiado decir.

Son palabras que siguen la lógica de la fuerza política , no la lógica de la ley.