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Cualquier fuga o deserción quedó conjurada. Los convocados a las mesas temáticas para discutir sobre la reforma a los documentos básicos del PRI fueron citados a primera hora, del pasado miércoles 3, a la sede nacional del PRI.

Tras de pasar el filtro inicial y esperar casi cuatro horas, finalmente fueron trasladados —en camiones alquilados— a un centro de convenciones ubicado a menos de dos kilómetros de la sede nacional del tricolor.

Sin lugar para los disidentes, la actual dirigencia nacional del tricolor avanzó en una ruta de escape. Inmediatamente después de la derrota electoral, comenzó el proceso de reestructuración que podría derivar en la reelección de Alejandro Moreno Cardenas. ¿Hasta el 2032? Incluso ahora parece un despropósito.

Los documentos que circulan entre la cúpula tricolor desde mediados de la semana pasada justifican la propuesta de actualización estatutaria. Una reingeniería que busca “fortalecer al partido y posicionarlo como una opción viable y competitiva”.

Una reingeniería, para acabar con “estructuras y procedimientos obsoletos” que le impiden competir eficazmente. Al actualizar sus estatutos, el PRI demuestra su compromiso con la renovación y la mejora continua.

Alito quiere reducir la membresía de consejeros nacionales. 25% menos y que la Comisión Política Permanente asuma nuevas facultades, lo que le permitiría tener capacidad de reacción inmediata ante el escenario político, tan demandante.

“Un consejo más compacto y representativo puede reunirse con mayor frecuencia, discutir los temas con mayor profundidad y llegar a consensos sin dilaciones propias de un órgano de gran tamaño que facilite la coordinación y la implementación de estrategias políticas y electorales”, plantea la propuesta que será sometida a la consideración de los delegados a la Asamblea Nacional, que el próximo domingo definirá el futuro del otros partidazo.

La reingeniería priista está condicionada a la reducción de prerrogativas que impactará a esa formación partidista a partir del próximo año, tras de haber alcanzado apenas 10% de la votación válida en los pasados comicios federales.

Además de la reelección de la actual dirigencia, la propuesta de reforma estatutaria implica activar un plan de austeridad, que reorientaría el presupuesto hacia actividades prioritarias como la capacitación de cuadros, campañas electorales y proyectos sociales”.

“La estructura y el funcionamiento del PRI deben reflejar la actual dinámica política de México, donde la rapidez en la toma de decisiones y la capacidad de respuesta ante los retos son esenciales”, insiste la propuesta. Al grado de que reforma el Estatuto para facultar al secretario de Finanzas y Administración a contratar deuda con vigencia máxima de un año.

Esto, para gestionar las necesidades inmediatas y temporales, además garantizar el flujo y cubrir los compromisos sobre gastos operativos, financiar actividades urgentes o responder a contingencias que requieran recursos económicos adicionales en el corto plazo. El límite será el 20% del financiamiento público.

Ante una “coyuntura crítica”, la dirigencia priísta promueve “reformas profundas y estratégicas” a los documentos básicos… y una ampliación del CEN para incorporar dos nuevas secretarias al CEN: de Innovación Tecnológica y Digital y de la Diversidad Sexual y el reemplazo, de la Secretaría de Asuntos Indígenas por la secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

¿La joya de la corona? La reforma estatutaria que otorgaría al menos 60% de las candidaturas a cargos de elección popular al género femenino. Esto, “para fortalecer y revitalizar al partido (y) promover la participación de mujeres”.