Pero esa mayoría en el Congreso que tendrá a su disposición López Obrador 30 días y Claudia Sheinbaum, al menos durante tres años, tiene que ser usada con mucha responsabilidad
El lunes negro que vivieron los mercados financieros mexicanos nada tiene que ver con el resultado de la elección presidencial.
Por el desempeño que vimos de los mercados a lo largo de toda la campaña, realmente había una muy buena recepción al perfil de las dos candidatas presidenciales.
De hecho, las operaciones del peso frente al dólar, que opera 24 horas al día, habían premiado durante las primeras horas de la noche del domingo el transcurso de una jornada electoral tranquila, sin mayores incidentes y con un resultado que no anticipaba un complicado periodo postelectoral.
Sin embargo, durante las horas siguientes de la noche del 2 de junio se dejaba ver uno de los peores temores de los mercados financieros en torno al futuro de este país.
Un régimen populista, que ya había demostrado su capacidad destructiva, tendría al servicio de sus planes rupturistas una mayoría calificada en el Congreso que sería capaz de cambiar la Constitución.
Y si el peso se depreció hasta tocar la puerta de los 18 por dólar, o los indicadores bursátiles se desplomaban más allá de 6%, no fue definitivamente por el perfil de la ganadora Claudia Sheinbaum.
Era porque el régimen populista de Andrés Manuel López Obrador ya había puesto sobre la mesa una peligrosa agenda de cambios a la Constitución que ahora podría convertirse en realidad.
Hay una alta carga de revancha en esa agenda de cambios constitucionales de López Obrador, hay más dogmas que estrategias y un gran deseo autoritario.
Someter al poder Judicial y a los organismos autónomos, concentrar en las manos presidenciales el ahorro para el retiro de los trabajadores, dejar sin financiamiento ni representación legislativa a los opositores, dejar clara la militarización.
Ese sueño autoritario de López Obrador no debería ser el plan de quien será la primera Presidenta de México y que llegará al poder con una enorme legitimidad.
Si la que llega permite que el que se va queme la tierra donde ella misma se tiene que parar para gobernar, podría tener de frente un páramo desierto donde prive la desconfianza interna y externa.
Una agenda progresista no tiene que pasar por la destrucción del sistema democrático o del sistema de ahorro para el retiro, menos de desarticular al autónomo poder Judicial.
Faltan procedimientos electorales antes de que Claudia Sheinbaum sea designada como Presidenta electa, pero tiene que definir muy bien una ruta de tránsito en su relación con el Presidente saliente hasta que tome posesión.
Debe mediar entre los deseos de quien la designó como candidata y sus propias metas de gobierno. Y en el camino debe mandar señales de certeza para que la incertidumbre que vimos ayer en los mercados no lleve a este país a una crisis de confianza. O bien debe confirmar que eso es lo que ella quiere.
Estamos por terminar un sexenio que ha sido desastroso incluso para quienes se sienten beneficiados. Buena parte de la resiliencia financiera se sustentaba en el hecho de que López Obrador no tenía herramientas legales para imponer su agenda autoritaria.
Pero esa mayoría en el Congreso que tendrá a su disposición López Obrador 30 días y Claudia Sheinbaum, al menos durante tres años, tiene que ser usada con mucha responsabilidad.
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