Pensiones: cosas que no oiremos de las candidatas

López Obrador tocó un nervio cuando abrió el tema de pensiones en Río Blanco. Fue el 7 de enero y desde entonces no hemos dejado de hablar de este asunto. A todos nos preocupa de qué viviremos cuando termine nuestra vida laboral. A algunos les preocupa, también, si el gobierno tiene recursos para hacer frente a los compromisos que vienen con el envejecimiento de la población mexicana.

Las pensiones no han desplazado a la inseguridad como el tema principal, pero se han ganado un lugar destacado en la conversación pública. Lo que fue un momento del discurso de Río Blanco creció hasta convertirse en una propuesta de reforma y ahora es un tema obligado para las candidatas presidenciales: ¿qué proponen?, ¿quién da más?

Claudia Sheinbaum retoma la propuesta de AMLO que ofrece el 100% de su último salario a los trabajadores que ganen menos de 16,777 pesos. Incluye otro grupo del que no estaba en la propuesta de AMLO: los trabajadores del Estado, que no fueron considerados en la reforma del 2020.

Las propuestas de Sheinbaum están enfocadas en los trabajadores del sector formal e incluyen mantener la pensión universal para los adultos mayores, a partir de los 65 años. Esta ahora es de 6,000 pesos bimestrales.

Xóchitl Gálvez está decidida a rebasar por la izquierda y, además de un pacto de sangre para mantener los programas sociales, ofrece pensiones de los 60 años en adelante, ésta es la edad a partir de la cual una persona se considera adulto mayor de acuerdo con la Ley de los Derechos de los adultos mayores (2022). El 31 de enero, un mes antes de iniciar campañas se refirió a la reforma propuesta por AMLO y ofreció el apoyo. Pidió también que se revisara la pensión de los maestros, para que sus pensiones se calculen con base en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización.

Clara Brugada no es candidata presidencial, pero no quiso quedarse fuera de la conversación pensionaria. Ofrece incluir a la población de la Ciudad de México, a partir de los 57 años de edad. Hasta ahora, en la capital, al igual que en el resto del país, 65 años es la edad para recibir la pensión.

No escucharemos de las candidatas un cálculo detallado de cuánto costarán las promesas de mejora en pensiones. Con razón, algunos de ustedes me dirán que se trata de emocionar en la campañas y que hacer cuentas es matapasiones. Después de todo, habrá otro momento para llegar a las cuentas definitivas. La pregunta es ¿lo habrá? No hay una regla en el Congreso que impida proponer una ley para otorgar un derecho, sin explicar de dónde saldrá el dinero para pagar todo lo que implica ese nuevo derecho. Sólo recordar que el presupuesto para pensiones en 2024 es de 1 billón 960,000 millones, esto es casi el doble de lo que se erogaba por este concepto en 2018. Son 22 de cada 100 pesos del presupuesto de egresos de la Federación. Entre inflación, envejecimiento y promesas de AMLO y candidatas no tardaremos en llegar a los 2.5 billones, 25% del presupuesto total.

El proceso de envejecimiento de la población mexicana significa que crece con rapidez el número de personas a las que debemos considerar adultos mayores. En el año 2000, los mayores de 60 años eran 6.9 millones de personas, 7% de la población. En 2030, serán 20 millones, 15% de la población.

No oiremos a las candidatas decir que no hay presupuesto para incluir a un grupo específico entre los beneficiarios de pensiones. Quizá no se ocuparán del desafío que implica atender a los que están en el sector informal durante la mayor parte de su vida laboral. No se meterán en honduras porque las campañas son tiempo de sumar. Luego vendrán las restas, las divisiones y las raíces cuadradas. En algunos casos, esperarán a que el tiempo o el viento se lleve las palabras. En otros, dejarán que el trabajo rudo lo haga un acomedido del equipo de transición.

Más importante, para mí, es que no oiremos a las candidatas comprometerse a dejar de utilizar la táctica de AMLO con los programas de pensiones. El presidente López Obrador se atribuye en lo personal la entrega de los recursos de pensiones y otros programas sociales. Utiliza el ejército de los Servidores de la Nación en las sucursales del Banco del Bienestar y en brigadas que tocan las puertas para sembrar y reverberar el mensaje de que se trata de una dádiva del presidente, como si viviéramos en un califato de las mil y una noches. ¿Cuándo tendremos una política social sin firma de autor?