Amnistía Internacional destacó el uso desproporcionado del sistema de justicia para disuadir, castigar e impedir que las personas defensoras protesten
El uso desproporcionado de las normas penales es una de las principales amenazas al derecho de protestar pacíficamente para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente en México, dijo la organización Amnistía Internacional (AI).
En el informe “México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente“, publicado por AI, se apuntó el uso desproporcionado del sistema de justicia para disuadir, castigar e impedir que las personas defensoras protesten para exigir sus derechos.
“El uso desproporcionado del sistema penal contra personas que protestan se inserta en una estrategia más amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente en México”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Agregó que “es alarmante ver cómo México se ubica entre los países donde se cometen más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, mientras lejos de que el Estado atienda y prevenga esta violencia, se van sumando otras violaciones graves a sus derechos humanos, como la estigmatización, hostigamientos, ataques, atentados, desplazamiento forzoso y desapariciones”.
El informe se centró en cuatro casos, una colonia maya en San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, donde un grupo diverso de personas se unió para protestar en contra de la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida en la que causaría daños ambientales.
El segundo fue en Zacatepec, estado de Morelos, en el que Miguel y Alejandro, comunicadores y defensores nahuas, protestaron en oposición a la construcción de un drenaje en Ciudad Industrial Huejotzingo, Puebla, que desembocaría en el Río Metlapanapa, contaminándolo.
El tercero se dio en Chilón, Chiapas, en donde César y José Luis, defensores tseltales, fueron criminalizados por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio y el cuarto en Sitilpech, estado de Yucatán, donde pobladores se oponen a las actividades de una mega granja porcícola en su territorio por la contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud que genera.
El informe resalta la utilización de tipos penales vagos o ambiguos que no respetan el principio de legalidad como “motín”, “obstrucción de obra pública” y las variaciones del delito de “ataques a las vías de comunicación”.
Además, se observó la adecuación, a conveniencia, de los hechos que ocurren durante las protestas a otro tipo de delitos mediante interpretaciones amplias de tipos penales y declaraciones que tergiversan los hechos.
“Las acusaciones son construidas principalmente mediante declaraciones de servidores públicos y de trabajadores de las empresas directamente relacionadas con los hechos denunciados por las comunidades. En ningún expediente penal existe evidencia contundente que permita configurar algún delito”, apuntó el reporte.
El informe está acompañado del lanzamiento de la campaña “Protestar no es un crimen” que busca visibilizar la problemática de la criminalización injusta de las personas defensoras de derechos humanos y el impacto en la defensa de tierra, territorio y medio ambiente.
Apuntó que las personas defensoras ejercen su labor “en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos” y las autoridades deben parar la utilización del sistema penal para castigar la protesta y garantizar un entorno adecuado para quienes defienden los derechos humanos.
Con información de EFE
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