Más que un candidato, un programa opositor

Cualquiera que resulte ganador de la contienda presidencial del próximo año, sea opositor o del oficialismo, tendrá que llegar a tapar los enormes cráteres que el régimen de Andrés Manuel López Obrador está dejando por todo el panorama nacional.

No sólo los evidentes en materia económica, sino en temas de inseguridad y falta de Estado de derecho, el desmantelamiento institucional y el total descuido de la creación y manutención de la infraestructura verdaderamente necesaria para México.

Ni la más fiel de las corcholatas podría seguir el mismo camino de su carismático líder si no quiere que este país le explote en las manos y ni hablar de un Presidente que sea emanado del bloque opositor.

El siguiente sexenio tendrá que ser de una profunda reconstrucción nacional y eso será muy ingrato para quien tenga que encabezarla, porque, si lo hace bien, serán muchas facturas las que se tienen que pagar.

Siempre queda la posibilidad de que quien designe López Obrador como su candidato, y con la intervención electoral suficiente, quede en el puesto para llevar a este país mucho más abajo del nivel actual.

Pero es un hecho que quien aspire a encabezar una candidatura opositora desde una alianza tiene que partir de un programa de gobierno que busque el rescate nacional.

Entre la larga lista de dilemas de la oposición está, primero, el uso total y descarado del aparato del Estado para conservar el poder, el papel de palero político que podría jugar Movimiento Ciudadano para respaldar la causa de López Obrador y el hecho de que no necesariamente el abanderado o abanderada más popular tiene que ser el más preparado para un rescate de este país del lodo en el que va a quedar.

Si se eligiera por capacidad y preparación para garantizar un buen gobierno hay personajes del tamaño de José Ángel Gurría o Enrique de la Madrid Cordero. Pero si el camino tiene que ser el carisma y la popularidad, ahí está Xóchitl Gálvez.

Una candidatura opositora tiene que ser coaligada entre la sociedad y los partidos políticos, con la participación de políticos y representantes sociales de todo el espectro, en el gabinete y en el Congreso, y con un programa de gobierno perfectamente bien establecido para hacer viable el futuro de este país.

Lo primero que tiene que garantizar ese plan opositor es la permanencia de los programas sociales, pero con un giro hacia un gasto productivo no asistencialista.

Regresar al país la condición de un Estado de instituciones, con división de poderes y respeto de la ley. Hacer que las leyes se cumplan en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.

Priorizar la infraestructura útil, darle mantenimiento a todo lo que hoy está en el abandono y rescatar los elefantes blancos que sí sirvan y dejar para la historia las obras inútiles.

Garantizar a los empresarios de todos los tamaños y orígenes, que los pactos, acuerdos y tratados se respetan porque en México la ley sí es la ley y blindar desde el Congreso el marco legal contra cualquier ocurrencia futura.

Y mantener finanzas públicas sanas con información veraz y transparente del estado que guardan las finanzas y la economía mexicanas.

Así, primero el programa y después quien lo encabece.