Toda la carga de trabajo, las consecuencias político-sociales y el desprestigio son con cargo a los funcionarios de la SHCP, en especial a su titular Rogelio Ramírez de la O
Sin duda, todos los ciudadanos porque todos son con cargo al erario. Pero más que los evidentes costos a las finanzas públicas, ¿quién tiene que cargar con las facturas políticas por pagar, con los desequilibrios presupuestales, con el dispendio de recursos en ocurrencias?
Toda la carga de trabajo, las consecuencias político-sociales y el desprestigio son con cargo a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, en especial a su titular Rogelio Ramírez de la O.
Noventa por ciento lealtad, 10% experiencia, es el requisito del presidente Andrés Manuel López Obrador para sus colaboradores. Una excepción tiene que ser la Secretaría de Hacienda, donde su titular debe tener conocimientos y más conciencia de las consecuencias de no llevar bien las finanzas del país, aunque viva apabullado por las exigencias presidenciales.
Ahí está Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda de este régimen, quien se mantuvo en el puesto hasta que su conciencia le impidió llevar al país al despeñadero que le pedía su jefe el Presidente.
Hoy es uno de los críticos acérrimos y con más información de lo que ocurre dentro del caótico gobierno lopezobradorista.
En menos de año y medio que termine este gobierno, eso dice la Constitución, Rogelio Ramírez de la O tendrá que regresar a sus labores particulares y seguro que no querrá hacerlo con el estigma de haber propiciado una crisis al país. Ya bastante tendrá que cargar con tener que portar la letra escarlata de la 4T.
Los caprichos de gasto del Presidente deben generar, al menos, una molestia privada al secretario de Hacienda. Dicen que tiene la voz suficiente para oponerse a algunos derroches o para moderar sus impactos en la confianza en el país.
Por ejemplo, hace un mes, cuando se anunció la compra de 13 plantas de generación eléctrica de la empresa española Iberdrola, López Obrador dijo que se trataba de una “nueva nacionalización”.
Detrás de esa retórica populista al parecer sí hubo la intensión de hacerse de esos activos a través de una expropiación, pero que un esquema de compra, tan creativo como oneroso creado en Hacienda, salvó al país de una crisis de confianza terminal.
Vienen otras ocurrencias presidenciales en camino, lo vamos a ver con la puesta en operación de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco y con el intento de poner algún tren en las vías del interminable Tren Maya.
Otro de los caprichos tan caros como inútiles es el aeropuerto Felipe Ángeles. Claro, ya supimos que hubo motivaciones familiares para desmantelar el aeropuerto de Texcoco, pero ha resultado muy caro mantener viva la terminal aérea de Zumpango.
A Hacienda le toca subsidiar su operación, aportar recursos para construir vialidades y hasta un tren. Y ahora tiene que desembolsar miles de millones de pesos para que el ejército le compre aviones comerciales a su aerolínea Mexicana.
¿Dónde está el límite de resistencia de los funcionarios de Hacienda, profesionales con muchos años de experiencia en el mundo financiero y con un prestigio que cuidar, antes de que le pongan un ya basta al dispendio de recursos públicos?
Como sea, el régimen ya va en el tercer secretario de Hacienda en menos de cuatro años y medio de gobierno.
Toda la carga de trabajo, las consecuencias político-sociales y el desprestigio son con cargo a los funcionarios de la SHCP, en especial a su titular Rogelio Ramírez de la O.
Minuto a minuto
