Se va a acabar el 14 de febrero y este régimen no habrá sido capaz de presentar evidencias científicas para sustentar sus posicionamientos ideológicos. Y nadie los va a sacar de sus dogmas
El gobierno mexicano tiene hasta mañana, día del amor y la amistad, para explicar al gobierno de Estados Unidos cuáles son los sustentos científicos para prohibir la importación de maíz genéticamente modificado y el uso del glifosato como herbicida.
Porque lo que el socio comercial más importante de México ha recibido hasta ahora es la nada amistosa postura de la titular de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez Buylla, quién asegura que los que fomentan el uso de estos productos son voces conservadoras que han emprendido campañas falsas de información y que hablan desde su egoísmo.
Estados Unidos quiere evidencias científicas y lo que obtiene desde esas, las posturas más radicales del populismo de la autollamada Cuarta Transformación es la respuesta de que todos esos son moldeos de la “ciencia neoliberal”.
Se va a acabar el 14 de febrero y este régimen no habrá sido capaz de presentar evidencias científicas para sustentar sus posicionamientos ideológicos. Y nadie los va a sacar de sus dogmas.
Porque ese mismo Conacyt que prometió tener evidencias científicas sobre lo dañino del maíz genéticamente modificado, es la misma dependencia que prometió una vacuna mexicana contra la Covid-19 y respiradores artificiales con tecnología mexicana.
Casi se decreta el final de la pandemia y seguimos esperando que cumplan con todo lo que prometieron.
Lo que México sí va a obtener es un descomunal pleito comercial que ninguno de esos románticos comunistas que acompañan al régimen puede imaginar el tamaño del problema que pueden provocar a la economía mexicana.
Una disputa comercial con Estados Unidos y Canadá en el marco del acuerdo comercial trilateral, ese que llamamos TMEC, podría costarles a los exportadores mexicanos cientos de miles de millones de dólares en aranceles.
Además de la aplicación de cuotas compensatorias, que inevitablemente tendría que pagar nuestro país, tras una derrota en un panel de solución de controversias, hay razones hasta de sentido común para no jugar a ese nacionalismo ramplón.
México importa 75% de su consumo de maíz amarillo. De las 23 millones toneladas que se consumen en México de este grano, tres millones son producción nacional y el resto importadas. De ese ingreso del exterior, 90% llega de Estados Unidos.
Ocho de cada 10 granos de maíz amarillo son insumos del sector pecuario. Así que, si el régimen se mantiene con su visión dogmática, sin pruebas científicas, y frena las importaciones de maíz amarillo modificado genéticamente, no solo habrá que pagar aranceles, sino que no habrá con qué alimentar a pollos y vacas.
Hay pues una motivación ideológica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que a través de un decreto presidencial pretende pasar sobre un acuerdo comercial.
Pero más allá de la disparidad legal que tiene un simple dictado del Presidente frente al poder supranacional de un acuerdo como el TMEC, éste es un tema de prioridad política en Estados Unidos.
Incluso por arriba de los asuntos energéticos, aquí hay cientos de miles de granjeros involucrados que ven amenazado su principal mercado de exportación.
Allá, como aquí, tienen elecciones presidenciales en el 2024 y no van a dudar en defender sus intereses comerciales al costo que sea. Costo que básicamente va a pagar México si no recapacita este régimen.
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