México viola todos los estándares internacionales en materia de relación de las Fuerzas Armadas con la seguridad pública, afirma AI
El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó el año con una aceleración de su política de militarización tras desplegar más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en el Metro capitalino, nombrar a un militar como subsecretario de Seguridad y el operativo para detener al hijo del ‘Chapo’ Guzmán.
La última concesión a las Fuerzas Armadas se materializó cuando el mandatario nombró al militar y excomandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, como nuevo subsecretario de Seguridad Pública, un cargo supuestamente civil.
Este movimiento se suma al despliegue de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional en el Metro de Ciudad de México y el sangriento operativo militar desplegado para la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, que dejó al menos 29 muertos.
Todo ello, expusieron los expertos consultados por EFE, forma parte de una estrategia política que busca dar apariencia de seguridad, pero que conlleva serios riesgos.
“La militarización ha sido el signo característico de este Gobierno, como lo fue de los anteriores. En este se ha fortalecido e institucionalizado el proceso de militarización incluso a través de las vías normativas, con la aprobación de la legislación de la Guardia Nacional con una suerte de traición”, dijo Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI).
Olivares se refirió así a la reforma legal del pasado año que permitió que la Guardia Nacional, creada en 2019 como un cuerpo civil, pasase a depender de la Secretaría de la Defensa (Sedena) con funciones de seguridad pública.
Por su parte, el abogado y asesor en seguridad Clemente Romero matizó que López Obrador ha “arropado” a las Fuerzas Armadas para “usarlas en su agenda política”.
Durante este sexenio el Ejército ha asumido responsabilidades de calado y que tradicionalmente no le correspondían, como la construcción y administración de obras públicas -el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)-, el control de puertos y aduanas o el patrullaje de las calles.
Militares en mandos civiles
El nombramiento de Rodríguez Bucio en un puesto de relevancia dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) vino propiciada por la renuncia al cargo de Ricardo Mejía, quien será candidato a gobernador del estado de Coahuila en los comicios locales de junio.
Así, un cargo civil fue entregado a un militar, mientras que la dirección de la Guardia Nacional se mantuvo en manos castrenses con el nombramiento del general David Córdova Campos.
“Eso nos muestra de nuevo la intención de continuar por la vía de la militarización de la seguridad pública”, valoró Olivares.
Además, dijo que con estas decisiones México “viola todos los estándares internacionales en materia de relación de las Fuerzas Armadas con la seguridad pública” expuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ello abundó Romero, quien aseguró que la SSPC está dirigida “de facto” por las corporaciones castrenses, que han minado la influencia de su titular, Rosa Icela Rodríguez.
“(Rodríguez) tiene cada vez menos poder político y capacidad operativa. Toda la política de seguridad del Gobierno ha recaído en las Fuerzas Armadas”, comentó el abogado.
Pero cuestionado por las críticas de organizaciones de derechos humanos, López Obrador respondió que “es otra cantaleta de los conservadores y sus voceros, la mayoría de los medios de información”.
Despliegue en el Metro
El Metro de la capital mexicana ha estado últimamente en el foco de la polémica, después del choque de dos convoyes en este inicio de año que se saldó con la muerte de una joven de 18 años y un centenar de heridos, la separación de dos vagones y suspensiones de servicio por motivos diversos.
Ante ello, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, solicitó al Ejecutivo federal el despliegue de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional en las estaciones y vagones del subterráneo para frenar lo que consideró incidentes “fuera de lo normal”.
“No es necesario porque no hay indicios ni pruebas públicas de que se realicen actos de sabotaje. Parece más una estrategia de comunicación política, porque estas funciones ya las hace la policía de Ciudad de México”, criticó Romero.
Olivares, por su parte, subrayó la opacidad del despliegue y alertó de que no se conocen las tareas específicas de los elementos militarizados ni durante cuánto tiempo.
El pasado lunes un joven fue detenido por agentes de la Guardia Nacional por portar una pancarta en la que protestaba por la incipiente militarización del metro.
“Esperamos que la presencia de la Guardia Nacional no esté vinculada a una intención de limitar la libertad de expresión y de reunión pacífica, porque sería aún más grave”, deseó la directora de AI.
Con información de EFE
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