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Para hacer constitucional que las fuerzas armadas permanezcan hasta 2028 en tareas de seguridad pública era necesario que la iniciativa prosperara en el Congreso de la Unión y al menos dos tercios de las legislaturas estatales.

Las 17 se completaron el jueves reciente en Estado de México, Hidalgo, Nayarit y Sonora, pero la 4T va por todas.

Desde que el presidente López Obrador adoptó la convenenciera propuesta que el dirigente nacional del PRI coló en San Lázaro como idea de una correligionaria diputada prestanombres (a quien se le pagó con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Durango: Yolanda de la Torre), y en paralelo se congeló el juicio de desafuero por la acusación de la Fiscalía campechana sobre enriquecimiento ilícito que pesa sobre Alito, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que visitaría los 32 congresos locales para “convencerlos” de aprobar la iniciativa.

El propósito de su gira, como es evidente, no es asegurar la legalidad de la permanencia en las calles de las fuerzas armadas más tiempo de lo que estaba previsto, sino explotar el tema para un par de objetivos político-electorales inconfesables:

a) Atacar a los gobernadores que no son morenistas para ir calentando en su contra a los votantes de 2023 en dos entidades, pero sobre todo a los de 2024, y

b) proyectar su personal imagen con miras a la designación de la candidatura lopezobradorista por la Presidencia de la República.

Como en el cuento del rey que va desnudo (Andersen), el funcionario aparenta ir vestido de secretario de Estado en muy discutible cumplimiento de sus funciones y explicable interés del gobierno al que sirve, pero se le ve sin ropa en su virtual precampaña electoral.

Para su doble tarea cuenta con la aprobación de su jefe (paisano y “hermano”) AMLO, quien se propone exponer a la vergüenza pública a los congresos que rechacen la continuación de las acciones militares en la seguridad pública que por mandato constitucional debe ser civil.

En su empeño, Adán Augusto ataca a los gobernadores de oposición con un galimático sofisma que mezcla Ejército y Marina Armada con Guardia Nacional (administrada ya legalmente por la Secretaría de la Defensa), reprochando con la mentira de que “no votan” o “no quieren” soldados en sus entidades, pero ante la violencia claman por el auxilio de las fuerzas armadas.

Repite y repite que Felipe Calderón sacó a los soldados a las calles, lo cual no debiera ni recordar porque es lo mismo que sigue ocurriendo y seguirá.

El timo está en que ningún gobernador ha desdeñado el apoyo de los militares y en que el secretario escamotea el dato de que “la guerra” contra la narcoviolencia comenzó en Michoacán… a petición del entonces mandatario Lázaro Cárdenas Batel, quien lleva lo que va del sexenio como coordinador de asesores del presidente López Obrador.

Y más: atiza los enconos debiendo promover el diálogo para una civilizada y mejor gobernabilidad…