A poco más de dos años del presunto asesinato de Adolfo Gómez, la familia del indígena denunció corrupción por parte de la Fiscalía de Chiapas
Familiares de un indígena tzotzil que fue torturado para ser inculpado por la desaparición del niño Dylan ocurrida en julio de 2020, posteriormente encarcelado y luego hallado muerto prisión, exigieron justicia y denunciaron corrupción y obstrucción de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) en la investigación.
En aquella fecha, el jefe de familia Adolfo Gómez fue acusado por la presunta desaparición de un niño de nombre Dylan en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, sus familiares desde los primeros días acusaron que sufrió tortura para ser encarcelado y luego fue hallado muerto en su celda, en el Centro de Readaptación Social número 5 de la citada metrópoli, el 27 de julio de 2020.
A poco más de dos años del presunto asesinato de Adolfo Gómez, al interior de penal de San Cristóbal de Las Casas, la familia de Gómez, personalmente y mediante sus abogados, denunció corrupción y obstrucción de la justicia por parte de la FGE en el caso.
“La carpeta de investigación está armada con trampas desde el principio, fabricación de figuras jurídicas para que no asuman las responsabilidades los funcionarios públicos”, dijo en una conferencia Paty Aracil Santos, defensora de Derechos Humanos de la colectiva Cereza.
Santos relató que desde el 1 de junio de 2021 tomaron el caso a petición de la familia Gómez y agregó que la carpeta se abrió el 5 de agosto 2020 como homicidio y para el 17 de agosto, 12 días después, cambia a ejercicio ilegal de servicio público y homicidio, y finalmente quedó como ejercicio ilegal del servicio público”.
La defensora contó que la FGE presentó un escrito de acusación el 11 de junio de 2021 solo por ejercicio ilegal del servicio público y la Fiscalía en la región de los Altos de Chiapas determinó esa misma tarde el “no ejercicio de la acción penal por homicidio” y con ello ataron de manos a la familia para participar en la investigación “y no se realizó la investigación por homicidio”.
Además, acusó que “hay pérdida de evidencia, la familia presentó un escrito de nueve pruebas y un dispositivo de almacenamiento (USB) y no están integrados” y que también perdieron los datos de un teléfono celular.
Ante la obstrucción a la investigación por parte de la propia Fiscalía General del Estado, los familiares pidieron este lunes al Gobierno de Chiapas y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intervengan para que “se aplique la ley y se termine la corrupción que existe en los poderes que imparten Justicia en Chiapas”.
En la conferencia, Josefa Sánchez Gómez explicó que los días previos a la muerte de Adolfo, su cónyuge, le contó cómo era torturado para confesarse culpable y le anticipaba su muerte ante la exigencia dentro de la cárcel de unos 50 mil pesos para su liberación y señaló como responsables al director del penal, cuyo nombre está bajo reserva y bajo investigación.
Recordó que durante una reunión, antes de la audiencia con su esposo, ella fue testigo de las marcas de tortura y de maltrato “me contó que lo intentaron ahorcar y que lo golpeaban preguntándole dónde estaba el niño Dylan”.
Agregó que en esa ocasión Adolfo le pidió que se cuidara mucho “Josefa cuídate, en estos momentos me despido de ti porque yo me voy a morir, me están esperando con los 50 mil pesos y si no los entrego me matan, me dijeron que no le cuente al juez y a nadie”.
La mujer contó que durante la detención de Adolfo su familia también fue encarcelada, su esposa y tres hijas, quienes fueron acusadas del delito de trata de personas y detenidas por cinco meses, al mismo tiempo fueron separadas de 23 niños y niñas, todos nietos de Adolfo, quienes estuvieron retenidos bajo el Sistema de para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado alrededor de cuatro meses.
Con información de EFE
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