Los interrogatorios de los acusados, hasta de los peores crímenes (como lo es el Caso Iguala), deben estar apegados a derecho y quedan invalidados por ley si hubo tortura
El insuperable manejo de las emociones que ejecuta, desde que estaba en la oposición, el grupo político que gobierna hoy, colocó en otra fase al Caso Iguala: la de encarcelar a los investigadores y soltar a los narcotraficantes que estaban acusados.
Ya está preso un exprocurador general y hay 83 órdenes de captura contra 20 mandos militares y soldados el 27 y 41 batallones en Iguala, 33 policías municipales y 11 estatales. Sin embargo, han liberado a casi todos los 122 criminales que estaban acusados.
Los criminales fueron liberados porque, en los rudos interrogatorios, violaron sus derechos humanos. Por uno de esos interrogatorios rudos, el gobierno busca a Tomás Zerón, instalado en Israel para evitar su aprehensión. Esta es una prueba en su contra:
“La primer mamada que me digas, cambiamos el tono ¿va?”
En el interrogatorio, un asesino confeso del Caso Iguala se ve esposado con la playera sobre la cabeza. Hoy, está libre y el interrogador es prófugo de la justicia. En el recuento oficial más reciente, fueron liberados 77 de 142 narcos que estaban presos.
El liberado confesó que los 43 iban a Chilpancingo la noche que desaparecieron y el director de la Normal de Ayotzinapa, José Luis Hernández, los desvió a Iguala para sabotear el acto en el que la esposa del alcalde anunciaría su candidatura a sucederlo.
Los expedientes de PGR y la Recomendación 15 VG/18 de CNDH dicen que el liberado es jefe de sicarios de Guerreros Unidos, y recibió a los jóvenes en Loma de los Coyotes y los llevó a Cocula, donde fueron asesinados, por creerse que eran de Los Rojos.
Pero hoy está libre porque confesó esposado y con la playera sobre la cabeza. La tarea que se ha impuesto el actual gobierno es demostrar, en cambio, que los culpables son quienes lo investigaron, lo interrogaron y lo encarcelaron.
Los interrogatorios de los acusados, hasta de los peores crímenes (como lo es el Caso Iguala), deben estar apegados a derecho y quedan invalidados por ley si hubo tortura. Pero no incluye necesariamente liberarlos, sino sancionar a quienes torturaron.
Como sea, la tarea que se impone el actual gobierno es inconmensurable, porque incluye desarmar, tornillo a tornillo, millones de horas de investigación: titánica, aún para un gobierno autoritario y con el Poder Judicial inclinado de su parte.
Por ejemplo, al exprocurador lo acusan de desaparición forzada. Pero si se respeta la Constitución, no pueden acusarlo por el Caso Iguala, porque fue antes de septiembre de 2016, cuando se publicó la reforma constitucional en la materia.
Judicialmente llevará años. Pero en realidad el Caso Iguala se trata de manejar emociones.
Y, eso, es todos los días al café del desayuno.
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