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Han transcurrido tres meses de incertidumbre jurídica y rumores inverosímiles. ¡El más grave? Hace dos semanas, cuando corrieron versiones de que medio millar de trabajadores de SacTun había decidido entrar a una fase de resistencia, en defensa de su fuente de trabajo y contra el Tren Maya.

Además de una protesta en la zona de Playa del Carmen —según esas versiones, nunca confirmadas—los empleados de la filial mexicana de Vulcan Materials estaban listos para cerrar la carretera que conecta con Cancún.

La cantera dedicada a la extracción de piedra caliza llevaba dos meses y medios sin operación, por disposición de Semarnat, y las negociaciones con el gobierno federal permanecen detenidas.

Ni en la Secretaría de Gobernación de Adán Augusto López ni en la Semarnat de Luisa María Albores, sus funcionarios han buscado acercamientos con la compañía estadounidense que lleva Tom Hill. Tampoco el gobierno local saliente de Carlos Joaquín ni el entrante de Mara Lezama.

Pero la Cuarta Transformación está contrarreloj en la construcción de la megaobra en la Península de Yucatán. Por eso dio dar por terminados los contratos de construcción del tramo 5 sur de Playa del Carmen a Tulum, encargado a Grupo México, y la supervisión de los tramos 1, 2, 3 y 4 que realizaba Mextypsa. El monto de los contratos eran de 17,000 millones y 1,300 millones de pesos respectivamente.

El tramo 5 es el que más cambios ha tenido. Primero la propuesta no solicitada de Blackrock que fue desechada a pesar de que el costo era menor al que gano Grupo México en enero del 2021. Otro es el trazo que ahora enfrenta seria dificultades orográficas y de calidad del suelo que hay en la zona. Esto sin contar la imposibilidad, hasta ahora, para utilizar el puerto de Punta Venado, que forma parte de los terrenos de SacTun, y que actualmente enfrenta una disputa con el gobierno de México. A propósito, la compañía norteamericana continuará con el arbitraje ante instancias internacionales y calificó a la ONU como una instancia que no tiene competencia para tratar denuncias por afectaciones medioambientales.

La estrategia de la secretaria Tatiana Clouthier resultó fallida, en este caso. Vulcan Materials nunca retiró la demanda que interpuso contra el gobierno mexicano hace dos años y tampoco aceptó la oferta de cambiar su giro y convertirse en operador turístico. El control estratégico de Punta Venado —posición clave para el ingreso de los materiales del tramo 5 sur del Tren Maya ahora a cargo de la Sedena— les dio una posición de poder en una negociación improbable. Y sin el control del puerto, los costos y el tiempo de la obra impedirán entregarla a tiempo.

Las recientes expropiaciones en la Riviera Maya son la prueba fehaciente de que nada detendrá al gobierno federal. Vulcan Materials decidió recurrir al arbitraje internacional para resolver su diferendo sobre la operación de Punta Venado, en Playa del Carmen y desde hace tres meses tuvo que suspender operaciones en su banco de materiales pétreos.

¿La consecuencia? El encarecimiento de los materiales de construcción en la Península de Yucatán. Y es que la falta de material comenzó a ocasionar problemas en los proveedores y constructores locales, pues cerca del 25% de la producción se queda en el estado. El resto se exportaba al sur de los Estados Unidos, donde la empresa tiene contratos con diversos clientes. Varias de las obras locales que están en construcción en Quintana Roo no podrán abastecerse de la piedra caliza como antes, tal es el caso del puente vehicular Nichupté, la avenida Chac Mool, el Boulevard Luis Donaldo Colosio y la modernización del distribuidor aeropuerto-Cancún.