Según organizaciones, Nicaragua sufre la “represión más perversa” de su “historia reciente”, con el Gobierno del presidente Daniel Ortega
La ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) sostuvo que Nicaragua sufre la “represión más perversa” de su “historia reciente”, con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
“Al salir a las calles, al escuchar los testimonios y el llanto de las primeras víctimas, nos encontramos con la represión más perversa de nuestra historia reciente, la de los Ortega Murillo (pareja presidencial)”, señaló el Cenidh en una declaración pública con motivo de su aniversario número 32.
El Cenidh fue creado en 1990 por la activista Premio Derechos Humanos Internacional 2021 de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Vilma Núñez, quien ya defendía los derechos de las personas bajo la dictadura de la familia Somoza, derrocada en 1979 tras 42 años de mandato.
“En todo este tiempo luchamos frente a cuatro Gobiernos diferentes. Fuimos el acompañante siempre presente al lado de la gente. Así llegó el 18 de abril (de 2018) y ahí estuvimos con más fuerza y determinación frente a la barbarie”, resaltó el Cenidh, al referirse a las manifestaciones antigubernamentales de hace cuatro años, que dejaron al menos 355 muertos, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las denuncias del Cenidh fueron rechazadas por las autoridades nicaragüenses, que en diciembre de 2018 cancelaron su personalidad jurídica y expropiaron sus bienes.
“En medio de los ataques a la sociedad civil desarmada, en medio de la persecución, acompañamos y defendimos a Nicaragua. Llevamos al mundo la verdad sobre los crímenes de la dictadura, que decidió silenciarnos, canceló nuestra personalidad jurídica, usurpó nuestras instalaciones, robó nuestros bienes y acervo documental, pero no destruyó nuestro compromiso con Nicaragua y los derechos humanos”, agregó la organización.
El Cenidh sostiene que ha documentado en Nicaragua casos de tortura, presencia de agentes cubanos en ataques contra estudiantes, la muerte en prisión del exguerrillero histórico sandinista Hugo Torres, el arresto arbitrario de cientos de opositores y otras supuestas violaciones a los derechos humanos.
“Pese a la permanente amenaza de callarnos, desprestigiarnos, invisibilizarnos, arrinconarnos y atemorizarnos, hemos decidido continuar la lucha y, conscientes de los riesgos y las limitaciones, seguiremos siendo consecuentes hasta derrotar la impunidad”, destacó.
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), canceló la personalidad jurídica a al menos 187 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara la revuelta popular, originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que fue calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.
El Gobierno, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó en la última semana el cierre de otras 25 ONG nicaragüenses, incluidas dos que apoyan a mujeres víctimas de la violencia y una de rescate a jóvenes de las pandillas, con lo que sumarían 212.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Con información de EFE
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