En ese año de referencia de la encuesta del Inegi, el costo total como resultado de la inseguridad y el delito para los hogares mexicanos representó un monto de 277,600 millones de pesos
Es un hecho que la violencia, la delincuencia, la falta de Estado de derecho y la enorme impunidad que imperan en México tienen también como consecuencia una afectación económica general.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, a cada mexicano los actos delictivos nos costaron, en promedio, 7,155 pesos, perdimos como país 1.85% del Producto Interno Bruto del 2020 y claro, lo peor, muchos perdieron hasta la vida.
En ese año de referencia de la encuesta del Inegi, el costo total como resultado de la inseguridad y el delito para los hogares mexicanos representó un monto de 277,600 millones de pesos.
Eso implica una baja en el poder de compra, un desvío de los recursos disponibles para reponer los daños materiales del crimen y para asumir medidas de seguridad preventivas contra los actos de la delincuencia.
Nadie se salva de esos daños que provoca vivir en un país con tal nivel de inseguridad, ni siquiera los más fieles seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador que mantienen a su gobierno reprobado en esos temas.
Podrá López Obrador tener el carisma suficiente para mantener una aprobación personal de 63% y se le podrán resbalar muchos temas graves que ocurren en su entorno, pero sólo 23% de los encuestados por Consulta Mitofsky aprueba la situación de la seguridad en México en estos tiempos de la 4T.
Pero además de los costos del crimen, que nos quitan recursos para otro tipo de destinos, como el consumo, hay acciones de la delincuencia que claramente son inflacionarias.
Empezando por los costos adicionales en materia de protección y seguridad, de blindaje y demás que son traspasados a los consumidores.
Hay también afectaciones directas en los precios de determinados productos y servicios que se incrementan como resultado de esa inexplicable tolerancia a la delincuencia organizada.
Por ejemplo, el caso del precio del limón, como ha ocurrido también con el precio del aguacate y otros cultivos, enfrenta ahora un sobreprecio derivado de las acciones del crimen organizado.
Los delincuentes se sienten atraídos hacia aquellos productos que suben sus precios por factores estacionales, se apoderan de las cosechas para después reinsertar los productos a través del mercado negro.
Pero también hay denuncias puntuales de funcionarios del estado de Michoacán sobre el despojo de miles de hectáreas de cultivo a indígenas purépechas que no pueden sembrar o cosechar sus tierras, entre ellas muchas de producción de limón y esto presiona los precios al alza.
El cobro de derecho de piso a no pocos productores del campo acaba por aumentar los costos de producción y por inhibir esas actividades económicas. Los costos del transporte se elevan a la par de la impunidad en los delitos que se comenten contra los transportistas, la extorsión a los distribuidores en los mercados de consumo intermedio también sube los costos.
Así, la delincuencia que reina en México impone barreras a las posibilidades de crecimiento y también implica sobrecostos que acaban por repercutir en el consumidor final y que ahora, en estos tiempos de tan alta inflación, pueden notarse un poco más en el bolsillo.
Minuto a minuto
