El nivel de enojo que tiene la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, por esta iniciativa automotriz es inversamente proporcional al que tienen los representantes del sector energético de Estados Unidos
Cuando el gobierno de Estados Unidos levantó la voz, vía su embajador, por la contrarreforma energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la respuesta presidencial fue que explicaría en persona a Joe Biden que las empresas extranjeras no quieren dejar de robar.
La iniciativa de cambio constitucional que busca la 4T sacar, por la buena o por la mala, en los próximos meses claramente viola una serie de acuerdos internacionales que protegen las inversiones extranjeras en materia energética. Pero la respuesta gubernamental es que eso tiene que ver con nuestra soberanía y la dignidad del pueblo.
Ken Salazar, el embajador estadounidense, llamó al gobierno mexicano a cuidar las inversiones de las empresas de su país. Y lo hace porque las compañías estadounidenses que se verían afectadas por este retroceso en materia eléctrica, petrolera y minera recurrieron a su gobierno para ser defendidas y representadas.
La respuesta del presidente fue que, si el presidente Biden le preguntaba, le explicaba.
Resulta que el gobierno demócrata del vecino del norte está en camino de cometer una barbaridad legislativa que afectaría seriamente, e injustamente, a nuestro país en uno de los sectores industriales más sensibles de México: la industria automotriz.
El lunes de la próxima semana el Congreso estadounidense votará una iniciativa dentro del plan de Joe Biden denominado Build Back Better Act, un plan para otorgar un crédito fiscal de hasta 12,500 dólares para las familias que compren un vehículo eléctrico que deberá estar construido en Estados Unidos, con materiales locales y mano de obra del sindicato United Auto Workers.
Si les preguntan a los más radicales políticos estadounidenses, que en su momento defendieron el America First de Donald Trump y que ahora simpatizan con el Build Back Better, dirán que es un asunto de soberanía y que están cansados que les roben las empresas extranjeras.
Pero, en realidad, esta iniciativa de Joe Biden es violatoria de una larga lista de acuerdos internacionales, incluido el acuerdo comercial que tiene Estados Unidos con Canadá y con México, ese que llamamos T-MEC.
El nivel de enojo que tiene la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, por esta iniciativa automotriz es inversamente proporcional al que tienen los representantes del sector energético de Estados Unidos.
No se vale, es una propuesta discriminatoria, somos socios cuando les conviene, lo hacen por la vía oscura, vendrían represalias comerciales. En fin, enojada y con razón la secretaria de Economía.
Solo que en ese justo reclamo que hace México, y en ese tono ya encendido después de varias semanas de cabildeo discreto, vale la pena recodar algunos dichos de la abuela:
Con la vara que midas serás medido; ojo por ojo, diente por diente; no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti; para exigir hay que saber dar, etcétera.
¿Qué diría el presidente López Obrador si Katherine Tai, representante comercial de Joe Biden, le dijera a su gobierno que hacen las cosas por la vía oscura y que México es socio cuando le conviene por su contrarreforma energética?
El gobierno de López Obrador tiene la obligación de exigir reciprocidad para la industria automotriz establecida en México, pero también tiene la obligación de dar reciprocidad a la industria energética de países como Estados Unidos o Canadá. Para eso son los acuerdos comerciales.
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